Según explican en los fundamentos, en Argentina existe un elevado índice de incobrabilidad en concepto de multas de tránsito derivadas de infracciones de personas extranjeras que han regresado a su país.
Advierten que a nivel del poder Ejecutivo los salarios oscilan entre los 3 y los 10 millones de pesos mensuales.
El diputado Alberto Bruno presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura de la Provincia del Neuquén que solicita urgentemente la revocación del Decreto N° 84/23, para asegurar la continuidad laboral de todos los afectados.
La misma tuvo lugar en el hall central del edificio legislativo, en el marco del programa Parlamento Ciudadano que, en el mes de la mujer, impulsó distintas actividades vinculadas a la reflexión para la construcción de una sociedad libre de violencia de género.
La iniciativa indica que la normativa abarca a gimnasios, clubes e instituciones recreativas y deportivas en las cuales se practiquen o dicten actividades físicas, artísticas, culturales y educativas no formales.
El objetivo de la iniciativa busca reconocer, honrar y visibilizar a los veteranos de guerra que defendieron la soberanía argentina sobre Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en 1982.
Solicitan al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los medios para garantizar la continuidad de los proyectos planificados y en ejecución.
Cinco diputadas mandato cumplido de distintos partidos, fueron parte de debates y sanciones de leyes que marcaron la agenda provincial de políticas de género.
Buscan que el mismo fije denominadores comunes y contenga un amplio respaldo de sectores sociales, políticos y económicos, y también de intelectuales y científicos de todo el país.
Diputados del bloque Frente de Todos buscan que se inicien las acciones administrativas y legales correspondientes para que el Estado nacional cumpla con los compromisos en materia de financiamiento de obras públicas asumidos tanto con la provincia como con los municipios locales.
Una modificación en el Código Contravencional establecería multas, arrestos y penalización por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el hostigamiento en línea y la suplantación de identidad, considerando agravantes la edad de la víctima, la participación de múltiples personas en el delito y la posición de autoridad del agresor, entre otros aspectos.
La normativa prevé una quita de hasta el 40% del salario a través de la implementación de un impuesto denominado “político honesto”. Indican que los fondos recaudados se destinarán a obras viales, de saneamiento y de infraestructura que requiera la provincia.