Redacción
La iniciativa obliga solo a los organizadores de eventos que superen los mil espectadores y el control se deberá efectuar a través de aplicaciones digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad, cartera que oficiará de autoridad de aplicación de la normativa.
En caso de incumplimiento, las personas que infrinjan la prohibición de ingreso deberán pagar una multa que equivaldrá al doble del valor de la entrada abonado. En tanto, para los organizadores la infracción podrá ascender al 10% del total de lo recaudado en el evento.
Al respecto, el proyecto destaca en sus fundamentos que el interés de la normativa es poder proteger ambos derechos, tanto el de las víctimas por incumplimiento de pago de cuota alimentario como el de los niños, niñas o mujeres que padecen violencia en el entorno familiar.
En ese sentido, advierte que la negativa de pago por alimentos es una forma de violencia económica que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes, quienes dependen de estos recursos para su desarrollo integral. Asimismo, la violencia familiar y de género constituye una grave violación de los derechos humanos que debe ser combatida con medidas contundentes en el ámbito local.
El proyecto (17714) ingresó por Mesa de Entradas el 11 de junio con la firma de los legisladores Francisco Lepore (Avanzar), Ernesto Novoa, Mónica Guanque, Luz Ríos, Yamila Hermosilla (Comunidad) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén).
