Con la acusación a cargo del fiscal del caso Manuel González, inició el proceso para determinar la responsabilidad de un varón por el hecho cometido a mediados de 2023, en Junín de los Andes.

Los tres poderes del Estado firmaron un convenio para avanzar en la implementación, prevista para febrero.

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Hernán Gustavo Scordo, requirió la prisión preventiva del acusado a los fines de resguardar a la víctima y de evitar que entorpezca la investigación, por el plazo de 15 días.

Además la privó de la libertad. La formulación de cargos se realizó en una audiencia, y la acusación fue planteada por la asistente letrada Lucila Maggiora.

El acto se realizó en el Salón Municipal, con la presencia del intendente Carlos Saloniti, la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, y la fiscal del caso, Inés Gerez, juramentada para el cargo el año pasado. También asistió la intendenta del Parque Nacional Lanin, Monín Aquin.

Con el inicio de las vacaciones escolares de Neuquén, Rio Negro, Santa Fe y Córdoba, hubo más de 5000 personas que esquiaron el domingo en el centro de esquí.

El gobernador y representantes de la Justicia avanzarán en forma conjunta en las acciones concretas para la persecución de ese delito. El próximo viernes, ministros y funcionarios judiciales se reunirán con la ministra Patricia Bullrich.

La representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se mantenga la prohibición de salir del país y el impedimento de ingresar a Junín de los Andes que le fueron impuestas, así como la obligación de mantener domicilio y de presentarse una vez por mes en una comisaría.

La asistente letrada Lucila Maggiora lo acusó por los hechos ocurridos en Junín de los Andes, en el contexto de una relación signada por la violencia de género.

Así lo muestra la Resolución Interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que se refiere a una acción de inconstitucionalidad presentada por asociaciones empresariales contra la Municipalidad de San Martín de los Andes.

A través de un dictamen que firmó el pasado 31 de mayo, Gerez propició que no se haga lugar al pedido de suspensión de la aplicación.

Es por hechos ocurridos hace poco más de 10 días en Junín de los Andes.