Se trata de un varón que en septiembre de 2022 fue condenado por abusar sexualmente de una adolescente de su entorno cercano. Luego de agotarse todas las instancias de impugnación previstas en la provincia, comenzó a cumplir la condena que se le impuso.
El fiscal general de Neuquén, José Gerez, enmarcó el documento que se emitió en conjunto, basado “en la problemática actual de este país”.
Fue por pedido del fiscal del caso Adrián de Lillo, en la investigación por la muerte de Robinson Gatica, ocurrida el 20 de julio de 2022 cuando un grupo de policías acudió a una casa de Villa La Angostura ante un pedido de auxilio.
Lo decidió el fiscal Ramiro González tras la denuncia del Gobierno, presentada por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros.
Fue por pedido del asistente letrado Hernán Scordo. El antes mencionado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2022.
La Justicia había liberado un pedido de captura a principios de enero pasado. Ocurrió en Villa La Angostura. Ahora, se presentó en una comisaría de Neuquén capital.
El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Hernán Scordo, requirió la prórroga por dos meses, con el argumento de que están vigentes el riesgo de entorpecimiento de la investigación de parte del imputado, y para la integridad de la víctima.
De acuerdo con la teoría del caso que probó el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2022, en una vivienda en San Martín de los Andes, donde el imputado abusó sexualmente de dos niños pertenecientes a su entorno familiar.
El lugar alquilado por los visitantes en la zona de Capitán Drury y Roca, sufrió el asalto del imputado, quien forzó una ventana, escapó con 50 mil pesos en efectivo, dos Ipad y un teléfono celular, entre otros objetos.
Los hechos de abuso sexual que se le atribuyen fueron cometidos entre mayo y julio de 2023, en una vivienda de San Martín de los Andes.
Como medida cautelar y a los fines de proteger a la víctima, la fiscalía requirió que se prohíba al imputado acercarse a la mujer, como también mantener todo tipo de contacto por cualquier medio y de realizar actos de agresión, intimidación o perturbación, por el plazo de cuatro meses.
El asistente letrado Federico Surá presentó dicho trato para dos personas acusadas por el robo a una empresa y por amenazar a adolescentes en San Martín de los Andes.