Fue por quien se negó a levantar el secreto profesional a un psiquiatra, en el contexto de una investigación por abuso sexual.
Judiciales11/03/2025
Redacción
Dos juezas y un juez del T.I coincidieron con la postura del fiscal del caso Hernán Scordo, quien pidió declarar inadmisible el planteo, sin siquiera analizar la cuestión de fondo, por dos motivos:
-Por aplicación del principio de “taxatividad”, previsto específicamente en el Código Procesal Penal y que establece que las decisiones judiciales son impugnables sólo en las condiciones previstas.
-Porque no se trata de un “auto procesal importante”, es decir, que no producirá un daño que no pueda ser saldado de otro modo o en otro momento.
“La defensa no nos ha mencionado, como sostuvo la fiscalía, que la prueba que pretende hacer valer sea de tal importancia para su teoría del caso que procesa este agravio de imposible reparación ulterior”, sentenció la jueza Liliana Deiub, respecto de la decisión que adoptó junto a sus pares Richard Trincheri y Estefania Sauli.
El T.I tampoco consideró que no escuchar el testimonio del profesional de la salud de la persona que denunció el abuso sexual atente contra “la igualdad de armas”, tal como planteó la defensa. “Existirían posiblemente otras pruebas a las cuales podría recurrir la defensa para acreditar las circunstancias que entienda necesario acreditar. En este caso, un informe por parte de otro profesional y no necesariamente el que asiste a la denunciante”, afirmó Deiub.
Tras declarar la inadmisibilidad del planteo, el T.I impuso las costas del proceso a la defensa pública.
El contexto del caso tiene que ver con una investigación en la que la fiscalía imputó a una persona por un hecho de abuso sexual. En ese marco, la defensa del acusado intentó que un juez eximiera del secreto profesional al psiquiatra de la denunciante, pero el magistrado interpretó que se trata de un derecho del paciente y no del médico, por lo que rechazó el pedido.
Por solicitud de la asistente letrada Gabriela Pellico, una jueza de garantías decidió prolongar por dos meses tanto la investigación como las medidas de coerción aplicadas a cuatro individuos acusados de tentativa de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad
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