El diputado Claudio Domínguez (MPN), acompañado por diputados y diputadas de otros bloques, presentó un proyecto de ley para vincular el salario de los agentes públicos con menor escalafón de Salud, Educación y Seguridad al valor de la Canasta Básica Total.

La iniciativa determina así que el salario neto para la categoría más baja de los escalafones del personal de dichas áreas tendrá un valor equivalente al costo de la Canasta Básica Total correspondiente al mes anterior a la liquidación de haberes.

La Dirección provincial de Estadísticas y Censos establecerá un esquema de cálculo basado en una ponderación, similar al utilizado por el INDEC, y determinará así el costo mensual de la Canasta Básica Total. El salario mínimo neto se estipulará según la variación que resulte mayor de la Canasta Básica Total determinada por el INDEC o por la Dirección provincial de Estadísticas y Censos. El articulado especifica que el ajuste no tendrá lugar cuando la variación del costo de vida sea negativa.

Los fundamentos indican que el mecanismo de composición salarial básico a partir de una “pauta objetiva” como la sugerida busca llevar “tranquilidad, previsibilidad y confianza” al plantel trabajador de tres áreas fundamentales del Estado neuquino, asegurando así que sus ingresos no caerán por debajo de la línea de pobreza. La medida permitirá, además, evitar el desgranamiento y la “fuga de personal” capacitado al interior del estado provincial. 

La propuesta surge ante el impacto en los ingresos y la capacidad adquisitiva del plantel trabajador público de menor escalafón por las crisis económicas que atraviesa el país y busca constituirse como una “solución integral” en la medida en que las recomposiciones salariales han quedado por debajo del costo de vida.

Más adelante, los legisladores y las legisladoras aseguran que el gobierno provincial cuenta con fondos suficientes para incrementar los salarios mínimos en cuestión y asociarlos al valor de la Canasta Básica Total. “Una política salarial previsible y ordenada no es un gasto, sino una inversión, cuando de Salud, Educación y Seguridad se trata”, argumentan, al tiempo que recuerdan que, en los últimos años, los conflictos salariales han deteriorado sensiblemente la prestación de los servicios por “la falta de bases serias, objetivas e imparciales para fijar el piso de ingresos de los trabajadores”.

El proyecto de ley (16391) ingresó por Mesa de Entradas el 23 de enero firmado por Claudio Domínguez y Cielubi Obreque del MPN; Cecilia Papa, Alberto Bruno y Guillermo Monzani de Cumplir; Carina Riccomini de Juntos; y César Gass de JC Nqn-UCR.