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El cambio en la dirección del tráfico y la reorganización vial se llevaron a cabo con el propósito de mejorar la fluidez del tránsito, ordenar el estacionamiento y reducir la congestión en esa zona de la ciudad.

Los sospechosos habrían recorrido la zona el día anterior, observando movimientos y horarios de los comercios antes de concretar el golpe en un local que abrió hace menos de tres meses.

A través de una nota acompañada por decenas de firmas, plantearon que los reductores de velocidad construidos sobre una calle de ripio volvieron "prácticamente intransitable" el sector. También solicitaron explicaciones sobre los criterios utilizados para ejecutar la obra.

María Ferreyra, referente del espacio en San Martín de los Andes, aseguró que Vialidad Nacional no autorizó el cobro sobre la travesía urbana de la ruta. Anticipó que presentarán un reclamo formal y demandó que, si el convenio existe, "lo muestren".

Jorge Fernández, contralor municipal, explicó que la Municipalidad afronta, entre otros, el pago de la energía de distintas dependencias y confirmó que también abona consumos del Espacio Trama, la Feria de Artesanos, la oficina del gremio ATE, la Terminal de Ómnibus, los food trucks y el alumbrado del Regimiento de Caballería de Montaña, entre otros. Asimismo reveló que detectaron medidores vinculados a otras instituciones y hasta a un hotel que figuran dentro de la deuda municipal.