
Rechazaron el pedido de la defensa de un imputado para revertir la decisión de un juez de garantías
Fue por quien se negó a levantar el secreto profesional a un psiquiatra, en el contexto de una investigación por abuso sexual.
Se trata de un varón que en septiembre de 2022 fue condenado por abusar sexualmente de una adolescente de su entorno cercano. Luego de agotarse todas las instancias de impugnación previstas en la provincia, comenzó a cumplir la condena que se le impuso.
Judiciales27/03/2024Lo solicitó la fiscal del caso Inés Gerez, durante una audiencia realizada el viernes en San Martín de los Andes y en la que también participó por la fiscalía el asistente letrado Hernán Scordo.
El condenado es R.A.E, y su identidad se mantiene en reserva para preservar la intimidad de la víctima. Por pedido de la fiscalía, en septiembre de 2022 fue declarado responsable y dos meses después, el mismo tribunal que dirigió el juicio le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión. Esa condena fue impugnada en las distintas instancias que prevé el sistema y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia rechazó la presentación del recurso extraordinario federal por parte de las defensas. Se trata de la ultima barrera para que comience a ejecutar la pena y, por esa razón, Gerez y Scordo lo solicitaron a un juez de garantías.
Durante la audiencia, Gerez precisó al juez de garantías Ignacio Pombo los detalles del proceso y pidió que R.A.E comience a cumplir su condena. “Han pasado todas las etapas recursivas en la provincia, y R.A.E las ha pasado en libertad, si bien el Ministerio Público Fiscal siempre solicitó la detención preventiva pero que era rechazada porque estaba pendiente resolver respecto del recurso extraordinario federal”, señaló la fiscal del caso. “Estamos en esta instancia, entiendo que hay que proceder y concretamente, en base a todos los precedentes del TSJ, que comience a ejecutar la pena”, agregó.
Reseña
Tras el juicio, R.A.E fue declarado penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, cometido en forma continuada y en calidad de autor (artículos 119 cuarto párrafo, inciso “f”; en función del artículo 119, tercer párrafo y artículo 45 del Código Penal).
La teoría del caso que probó la fiscalía fue que los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas, entre fines de marzo de 2020 y enero de 2021, en una vivienda de la localidad de San Martín de los Andes. Los abusos se produjeron cuando la joven tenía entre 14 y 15 años de edad, en forma continuada y ejerciendo violencia física, cuando su madre, en ese entonces pareja del acusado, se encontraba bañándose o durmiendo.
Fue por quien se negó a levantar el secreto profesional a un psiquiatra, en el contexto de una investigación por abuso sexual.
La formalización del plan de trabajo y de los equipos se realizó ayer, ante la entrada en vigencia desde hoy de la Ley 3488, que es la norma que delegó, desde el ámbito federal al provincial, este tipo de investigaciones.
El fiscal del caso, Hernán Scordo, recorrió ayer la zona del basural en la ciudad, donde se produjeron cinco focos intencionales que fueron sofocados y controlados.
Esta acción fue implementada por el municipio de San Martín de los Andes, y fue impulsada desde diversas asociaciones de la ciudad.
Con la resolución de los jueces, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha para la realización de la audiencia de determinación de la pena.
Es por el hecho ocurrido en mayo de 2024, en Junín de los Andes, cuando el imputado abordó a su expareja, que caminaba por la vía pública.
Están destinadas a quienes accedieron el año pasado al acompañamiento económico y necesitan renovarlo.
Son cursos de capacitación para la primera mitad del año, dictadas en modalidad virtual con clases en vivo, dirigidos a todo público.
Será para medir la presión intraocular, como parte de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma. La atención se dará sin turno en el hospital Dr. Ramón Carrillo.
La oferta educativa se extiende por toda la provincia, y alcanza a infancias, juventudes y personas adultas sin límite de edad.
El hecho tuvo lugar en un operativo de rutina realizado por la División Investigativa Zona Sur.