Redacción
Con ese objetivo, propone adherir “a las disposiciones del Artículo 34° y concordantes de la Ley Nacional 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por las Leyes Nacionales 26.052 y Ley 27.502”.
Los bienes o recursos que se decomisen se destinarán a fortalecer programas de prevención y rehabilitación vinculados al consumo de estupefacientes; a la capacitación, prevención, investigación y equipamiento de operativos policiales que se realicen en el marco de las causas; y a fortalecer las políticas de persecución y juzgamiento que deba realizar el Poder Judicial a partir de esta nueva tarea.
La iniciativa estipula que el Ejecutivo provincial requerirá las transferencias presupuestarias de Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación del servicio de justicia. Hasta que eso ocurra, podrá realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias.
A la vez, determina que las causas en trámite al momento en que entre en vigencia la nueva ley "continuarán ante el fuero en el que se encuentran hasta su finalización definitiva".
“El microtráfico de drogas, también conocido como narcomenudeo, es un fenómeno criminal que impacta considerablemente en la vida de las personas”, afirman en los fundamentos.
En ese sentido, explican que el problema del microtráfico es de carácter local ya que se trata del último eslabón de la cadena –la comercialización para el consumo- que se inserta en una localidad o barrio, y la justicia y la policía locales cuentan con presencia territorial en toda la provincia.
“Esta decisión de combatir el microtráfico, que siempre estuvo en la órbita federal, se enmarca en una política pública de estado, y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia”, sostienen.
El proyecto (17324) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de noviembre.
