La medida apunta a reactivar aquellas obras iniciadas en materia de educación, salud, seguridad, viviendas, vialidad y servicios (electricidad, gas, agua y saneamiento) que, por distintos motivos, se encuentran paralizadas. 

A tal fin, la propuesta autoriza a los organismos comitentes de obras públicas a disponer la renegociación con aumento o disminución de las prestaciones, a modificar las condiciones contractuales originales de las obras por razones de oportunidad, mérito y conveniencia a los intereses fiscales y sociales o a disponer la rescisión de tales contratos que generen obligaciones a cargo del Estado provincial. 

En tal sentido, establece tres condiciones de renegación de contratos de obra pública: adecuación del plan de trabajos; adecuación del proyecto respectivo cuando resulte posible técnicamente; renuncia del contratista a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos, así como a cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo de obra o de su paralización- total o parcial-, devengados desde la celebración del contrato hasta fines del año pasado;  la eventual indemnización que pueda corresponder abonar al contratista en caso de no arribar a un acuerdo.

Los fundamentos aluden a la decisión del gobierno nacional de suspender o anular todo tipo de financiamiento destinado a la obra pública. En ese marco, aseguran que constituye una “máxima prioridad” del gobierno provincial hacer frente a dicha paralización que perjudica el acceso a múltiples servicios a toda la población. 

En ese marco, el mandatario neuquino asegura que el objetivo del plan es adoptar “medidas excepcionales” orientadas a culminar las obras públicas en curso –unas 400 según figura en los fundamentos-, principalmente aquellas vinculadas a educación, salud y al sistema penitenciario, para el beneficio de toda la comunidad, “otorgando para dicha tarea el mayor dinamismo y reducción de la burocracia administrativa posible”.

Además, presentó un proyecto para que la Legislatura autorice un endeudamiento por hasta 500 millones de dólares. Del total, 350 se deberán destinar a obra pública y el resto al pago de vencimiento de deuda. La medida adjunta un anexo con más de 450 obras en toda la provincia, a iniciar o finalizar, que serán “priorizadas” de aprobarse el financiamiento en cuestión. De la enumeración de obras se visualiza que el ejecutivo provincial dirigirá los recursos a aquellas obras más urgentes, ya que asumir el financiamiento de las 450 detalladas requerirá de un mayor nivel de inversión. 

El articulado define las condiciones para la emisión de título de deuda pública. En ese marco, se establece un plazo de hasta 15 años a partir de la fecha de su emisión, una tasa de interés que no puede superar en cinco puntos porcentuales anuales la tasa de interés de los Títulos comparables emitidos por el Estado Nacional y la denominación que puede ser al portador, nominativos o escriturales.

Los fondos obtenidos – que se podrán adquirir de manera directa con organismos internacionales o mediante la intervención del Estado nacional- se destinarán a obra pública –hasta 350 millones- y a la amortización de deuda pública con vencimiento a partir de abril de este año –los otros 150 millones-. El texto faculta al Ejecutivo a redistribuir tales recursos en hasta un 20% para uno u otro destino, al tiempo que excluye su utilización para solventar gastos corrientes. 

Como garantía, se podrán ceder en pago y/o en propiedad fiduciaria, los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, las regalías hidroeléctricas, de petróleo o gas, el canon extraordinario de producción, así como los recursos propios de libre disponibilidad.

Finalmente, el proyecto establece que los recursos que fueron acumulados hasta mayo del año pasado en el Subfondo Anticíclico (creado por ley 3269), podrán ser utilizados en su totalidad a requerimiento del gobierno y de acuerdo con la metodología que disponga a tal fin. Tales fondos se destinarán a afrontar vencimientos de capital e intereses de la deuda pública provincial que operen a partir de abril de este año.

En los fundamentos, el mandatario menciona que ya desde los resultados de los comicios que lo consagraron ganador para ocupar la gobernación, inició gestiones ante potenciales inversores y financistas de obras de infraestructura, con el objetivo de obtener apoyo financiero internacional para llevar adelante las obras que entiende fundamentales para un desarrollo territorial equitativo de todo el territorio provincial. 

En ese sentido, hace referencia al “desequilibrio territorial” actual de la provincia, que se traduce en diferentes niveles de desarrollo en la organización de la población, calidad y diversificación de las actividades productivas, así como en la disponibilidad de equipamientos y servicios en general. Menciona que, por un lado, se consolidan áreas más pujantes y dinámicas fuertemente pobladas y en crecimiento, y por otro lado, persisten zonas con mayor déficit de infraestructura y servicios, con menor dinamismo económico y productivo. 

“Como contrapunto de esos desequilibrios resulta necesario que el Estado consolide sus esfuerzos en estrategias que permitan un desarrollo integral y equitativo del interior, promoviendo un crecimiento ecuánime de su territorio”, asegura Figueroa al resaltar la ejecución de obras de conectividad vial, de desarrollo de nuevas zonas urbanas y de suministro de agua y gas en distintos puntos de la provincia. 

Más adelante menciona además la suspensión del envío de fondos del gobierno nacional para el financiamiento de obra pública, situación que perjudica directamente a la población y que requiere de redoblar el esfuerzo del gobierno provincial. 

En cuanto a la deuda pública, informa que los vencimientos de este año ascienden a casi 140 millones de dólares y sostiene que la ley constituirá una herramienta para mejorar el cronograma de vencimiento de su deuda pública buscando pasar del corto al largo plazo con fondos liberados para el desarrollo de los planes estratégicos diseñados.

La propuesta adjunta un anexo con más de 450 obras, nuevas o a finalizar, en materia de educación, salud, seguridad, agua y saneamiento, vialidad, energía, gas, recursos hídricos, acción social, deporte y viviendas.