Estuvieron presentes el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, el defensor adjunto, Gonzalo Salaberry y la defensora adjunta, Milagros Fernández Noya.
Concejo Deliberante28/03/2025
Redacción
Tal como se hizo en años anteriores, Bravo leyó la editorial que antecede al informe de actuaciones. En este caso hizo referencia a la implementación del sistema de estacionamiento medido y pago, señalando graves fallas en su planificación y ejecución. Destacó la improvisación del gobierno municipal, la falta de participación ciudadana y los problemas jurídicos y administrativos que generaron descontento y confusión entre los vecinos. En este sentido, se advirtió que el conflicto trascendió la cuestión técnica, evidenciando una crisis en la relación entre el Estado y la comunidad, exacerbada por la ausencia de instancias de debate previo y mecanismos de consenso.
En el desarrollo de sus actuaciones, la Defensoría informó que durante el 2024 se iniciaron 351 actuaciones en distintos ámbitos de su competencia. La mayor cantidad de intervenciones correspondió a orientación legal, con un 49% del total, seguida por temas vinculados a ambiente y urbanismo (15,67%) y derechos humanos (11,11%). También se atendieron conflictos vecinales, reclamos sobre servicios públicos y gestiones relacionadas con la administración municipal.
En materia de derechos humanos, las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con vivienda y urbanismo, discapacidad y educación, mientras que en el área de orientación legal destacaron las consultas sobre alquileres y vivienda, cuestiones penales y contravencionales, y temas vinculados a obra social y fiscalidad.
En el ámbito ambiental y urbanístico, se registraron reclamos sobre riesgo geológico y forestal, pavimentación, tránsito y seguridad vial, así como contaminación y gestión de residuos. En cuanto a los servicios públicos, la mayoría de las actuaciones estuvieron relacionadas con problemas de gas, agua y cloacas, y electricidad.
Además de las intervenciones directas, la Defensoría derivó 725 acciones a distintas instancias, entre ellas mediaciones, asesoramientos, pedidos de informes y reuniones con funcionarios y vecinos. También se realizaron inspecciones y se articularon acciones con otras instituciones.
La estructura será emplazada en la intersección de la calle Juez del Valle y la Avenida Costanera Miguel Camino, en la plazoleta del sector costanera.
Entre los rubros alcanzados se incluyen artesanías, bijouterie, indumentaria, juguetes y la venta de planes de ahorro automotor, con montos expresados en Puntos IPC.
En su carrera amateur, conquistó 12 cinturones en torneos provinciales, regionales y nacionales, acumulando 41 victorias por nocaut.
La obra busca difundir la labor de los bomberos voluntarios y destinar lo recaudado por sus ventas al Sector de Cuidados Paliativos del Hospital Ramón Carrillo.
La decisión, tomada en el marco de una reestructuración organizacional de la DGI, obligará a los vecinos a trasladarse hasta la ciudad de Zapala, ubicada a 250 kilómetros, para realizar trámites impositivos.
En la reunión, se plantearon necesidades recurrentes que tiene la institución educativa en relación con obras de infraestructura y mantenimiento.
La convocatoria, que contó con la presencia de personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría del Consejo de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos, permitió informar a los frentistas sobre los detalles de la obra y el mecanismo de contribución por mejora.
El encuentro fue para trazar un plan de trabajo en la seguridad ciudadana y establecer un proceso articulado con identificación de las demandas más urgentes que se reciben a través de las distintas áreas de las juntas vecinales.
Tiene el objetivo de avanzar en la unificación y homogeneización de los principales tributos municipales según los lineamientos trazados en el Pacto de Gobernanza II firmado en 2024 entre el gobernador Rolando Figueroa y los intendentes.
Propusieron a organismos nacionales llevar a cabo acciones para optimizar la experiencia de las personas que transitan por estos cruces con destino a la provincia o hacia Chile.
El plazo es de 25 años, con opción a una prórroga de cinco años más.
