Al respecto, sostiene que la finalidad de la normativa es poder gestionar proyectos de regularización de asentamientos informales a través de instrumentos de tributación que generen los propios beneficiarios. De esta forma no solamente se prevé avanzar en mecanismos de legalización de la tenencia del terreno, sino también de poder garantizar el acceso a los servicios básicos esenciales de cada una de las unidades habitacionales.

Para ello, contempla la creación de un fondo de contribuciones especiales cuyos recursos se destinarán exclusivamente a solventar cuestiones legales y de regulación dominial, y a inversiones en infraestructura y equipamiento urbano.

La autoridad de aplicación de la normativa recaerá en el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de Neuquén, organismo que deberá elaborar proyectos que le garanticen a los habitantes de cada asentamiento el acceso a los servicios básicos, propiciar espacios de consulta y participación de los vecinos e intervenir en la contratación y realización de planos de mensura.

En ese sentido, sostiene en sus fundamentos que el aporte tributario debe ser considerado un mecanismo de educación funcional para los ocupantes en tanto que les permite comprender sus derechos y obligaciones.

Al respecto, rescata que este tipo de instrumentos fomentan y aumentan la superficie del suelo urbanizado, logran disuadir la especulación y precios inmobiliarios sobre suelo y repercuten en la posibilidad de alcanzar ciudades más planificadas y eficientes en materia de infraestructura y servicios urbanos.

El proyecto (16279) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de octubre con la firma de las ciudadanas Cruzcaira González, Camila Monroy y del ciudadano Damián Yaeger.