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Un proyecto ingresado a la Legislatura busca institucionalizar la disciplina y otorgarle beneficios legales en toda la provincia.
La Cámara sancionó la ley 3285, adhiriendo a la ley nacional 27.592, en conmemoración a quien fuera la primera mujer del país en ocupar un cargo jerárquico en la cartera ambiental.
Legislatura Neuquina27/03/2021Durante la sesión del jueves -ocasión en la que se aprobó en general la adhesión a la Ley Yolanda-, la diputada María Fernanda Villone (MPN) resaltó que la formación que se alcanzará a partir de las capacitaciones con perspectiva medioambiental permitirá “generar políticas de Estado transversales en todas las carteras de los gobiernos”. Ponderó que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente porque “permitirá realizar un abordaje local” ya que no todas las jurisdicciones presentan la misma composición geo-ambiental. Con la ley aprobada, tanto la provincia como los municipios podrán “debatir políticas púbicas con perspectiva ambiental” y promover capacitaciones referidas a las consecuencias del cambio climático, protección de la biodiversidad, eficiencia energética y desarrollo sustentable, sintetizó Villone.
A su turno, la diputada Soledad Martínez (FT) hizo un reconocimiento a Yolanda Ortiz, primera mujer en formar parte de un gabinete nacional al ser designada a cargo de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación en el año 1973. Martínez destacó que la ley implica la capacitación no sólo para empleadas y empleados de los tres poderes del Estado sino, fundamentalmente, para el funcionariado, alcanzando así a todos los operadores del Estado. En su intervención pidió, además, “que el tratamiento de esta ley sea la oportunidad para alcanzar la jerarquización de la cartera de Ambiente en la provincia”.
Por su parte, la diputada Leticia Esteves (JC) se refirió a las facultades que tendrá la autoridad de aplicación, entre ellas el diseño de los planes de capacitación que deben brindarse en los tres poderes del Estado; la articulación para la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, y de la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los planes de capacitación; y la certificación del contenido de las capacitaciones.
Desde la banca del PTS-FIT, el diputado Andrés Blanco votó a favor de la norma en tanto “cuenta con el acompañamiento de sectores medioambientales” pero criticó el daño ambiental que generan los distintos métodos de extracción hidrocarburífera, fundamentalmente el fracking, según manifestó el legislador.
En tanto, la diputada Patricia Jure (FIT) solicitó permiso para abstenerse de votar –tal como su espacio lo hizo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Yolanda- pero la Cámara no la autorizó. La legisladora se negó a emitir su voto por la afirmativa o la negativa, lo que quedó registrado en el diario de sesiones por encuadrarse dentro de una falta al reglamento. Al referirse al texto de la ley, Jure aseguró que “el control está en manos del zorro” en tanto la cartera de Ambiente ha permitido desastres de contaminación ambiental, según denunció.
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