Neuquén avanza hacia controles toxicológicos en la función pública

La Legislatura de Neuquén se prepara para debatir una serie de iniciativas que buscan establecer controles toxicológicos en los tres poderes del Estado. Estas propuestas, presentadas por distintos bloques políticos, surgen tras el llamado del gobernador Rolando Figueroa a discutir mecanismos que aseguren la integridad de quienes ocupan cargos públicos.

Una de las iniciativas, promovida por los diputados Francisco Lepore (Avanzar) y Claudio Domínguez (MPN), propone exámenes obligatorios y aleatorios para autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para miembros de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario. Los análisis se realizarían al menos tres veces al año, respetando principios de confidencialidad y proporcionalidad.

Otra propuesta, impulsada por legisladores de Unión por la Patria, contempla pruebas anuales y aleatorias para una amplia gama de funcionarios, incluyendo al gobernador, ministros, legisladores y personal de seguridad. En caso de resultados positivos, se prevé la obligación de someterse a tratamiento, con posibilidad de destitución en casos de reincidencia o negativa injustificada a realizar los exámenes. 

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO) también presentó un proyecto que establece controles obligatorios antes de asumir el cargo y cada dos años durante el ejercicio del mismo. La negativa a realizar el examen sería considerada equivalente a un resultado positivo, con consecuencias administrativas que podrían incluir la suspensión sin goce de haberes. 

Estas iniciativas reflejan un consenso creciente en la política neuquina sobre la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en sus representantes y garantizar que quienes toman decisiones estratégicas para la sociedad lo hagan en condiciones óptimas de salud y responsabilidad.

El debate legislativo sobre estos proyectos se anticipa intenso, con distintos sectores evaluando la mejor manera de implementar estos controles sin vulnerar derechos individuales, pero con el objetivo común de avanzar hacia una gestión pública más transparente y comprometida con la lucha contra el narcotráfico.