La ciudad cordillerana está a tono con la problemática del transporte púbico. Probablemente con un poco más de preocupación, ya que el contrato con la actual empresa prestataria finalizó en junio y la licitación para encontrar un remplazo fracasó.

Esto dio pie a muchos rumores, como que el estado iba a contratar directamente a Expreso los Andes para que continúe con el servicio. Es por ello que desde el partido político local publicaron una nota de opinión.

“Ante el rotundo fracaso que dejó la desierta licitación del servicio de transporte de pasajeros, la semana pasada el Intendente Carlos Saloniti dejó entrever la posibilidad de que la contratación del transporte sea realizada mediante “contratación directa” con la misma empresa Expreso de los Andes, pretendiendo obviar su paso por el proceso licitatorio.

Ante la posibilidad de que efectivamente pueda llevarse adelante semejante situación al margen de la ley, es necesario pasar en limpio algunas consideraciones, tratando de evitar tecnicismos innecesarios:

Primero, el Intendente es el único responsable de los resultados de la licitación desierta. Es él y los miembros de su gabinete, quienes debieron realizar las gestiones habituales ante los empresarios del sector para obtener una concurrida participación a la licitación. Algo que obviamente no ocurrió, pues al proceso licitatorio se presentó solo una empresa, que además no cumplía con ninguno de los requisitos establecidos.

Segundo, a los fines de realizar esas gestiones, el Intendente Carlos Saloniti debió exigir a Expreso de Los Andes que cumpla con el plazo de prorroga de un año que establece la licitación anterior. Ello hubiese permitido un mejor análisis del nuevo pliego y una mejor gestión parte de su gabinete, para que más empresas participen. Sin embargo, el Intendente decidió exigir a Expreso de Los Andes solo 3 meses de prorroga, en vez de 12. Ahora, con la licitación desierta, Saloniti se vio obligado a requerirle a Expreso de Los Andes una nueva prorroga.

Sin embargo, fiel a la falta de transparencia, ninguno de los acuerdos alcanzados con la empresa se hizo público.

Tercero, de forma categórica e ineludible, la Carta Orgánica municipal prohíbe la contratación directa para este tipo de servicios y exige el desarrollo de una nueva licitación, cuyo objetivo principal es la publicidad y transparencia.

En concreto, el artículo 110 de la Carta Orgánica sostiene que “para las concesiones de servicios públicos se requerirá, además de la licitación pública, la realización de una audiencia pública previa a su aprobación por dos tercios (2/3) de los miembros del Concejo Deliberante”.

Además, la Carta establece el “principio básico” que rige las contrataciones municipales es el de la licitación pública (artículo 97) y que ninguna concesión se otorgará sin legislación previa que permita fiscalizarla, y para poder ser prorrogada deberán observarse las mismas disposiciones que para el otorgamiento de las nuevas concesiones (artículo 110).

Así las cosas, a pesar de cualquier deseo poco transparente del Intendente municipal, la concesión del transporte público de pasajeros debe resolverse necesariamente mediante una nueva licitación y no hay excusa jurídica que permita saltarse ese proceso.

Ni los déficits de la gestión municipal se pueden pagar con burlas a la Carta Orgánica, ni la clamada transparencia pública se genera con prácticas municipales oscurantistas.

En síntesis; dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada”.

PARTIDO POLÍTICO CONFLUENCIA