Una trabajadora municipal fue víctima de hostigamiento, desplazamiento arbitrario y maltrato por parte de sus superiores. La Justicia responsabilizó al Estado local y ordenó una indemnización.
Judiciales13/08/2025
Redacción NA
La Cámara Segunda del Trabajo condenó a la Municipalidad de Bariloche por violencia de género e institucional, tras comprobar que una trabajadora fue víctima de hostigamiento sistemático, amenazas y desplazamiento arbitrario en su ámbito laboral. El fallo ordena al Estado local pagar una indemnización por daño moral agravado equivalente a quince sueldos brutos mensuales.
Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando la denunciante —empleada de planta con funciones de jefatura en el área de Fiscalización— comenzó a sufrir maltrato reiterado por parte de funcionarios políticos. Entre las pruebas presentadas, se incluyeron insultos, gritos, desautorizaciones públicas y mensajes discriminatorios. Uno de los funcionarios llegó a escribirle: “No te hagás la ofendida. Sabés cómo es esto. Acá mandan los hombres.”
La sentencia consideró probada la existencia de violencia verbal, simbólica y psicológica con connotaciones de género, y calificó el entorno laboral como hostil. Testimonios de otras trabajadoras confirmaron los hechos, y una pericia informática incorporó conversaciones de WhatsApp con contenido intimidatorio. La pericia psicológica concluyó que la mujer presentaba un Trastorno por Estrés Postraumático complejo, directamente vinculado a la violencia sufrida.
Durante el proceso, la Municipalidad negó los hechos y justificó la reubicación como una decisión administrativa. Sin embargo, el tribunal destacó que no se aportaron pruebas objetivas que respaldaran esa versión. Por el contrario, se incorporaron evaluaciones de desempeño firmadas por los mismos superiores que luego solicitaron su desplazamiento, donde se valoraba positivamente su tarea.
Este fallo marca un precedente importante en materia de violencia institucional con perspectiva de género, y expone la responsabilidad del Estado en garantizar entornos laborales libres de discriminación y maltrato.
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