Desalojo en Casa de Gobierno: medidas ejecutadas por el Ministerio Público Fiscal

El procedimiento se produjo luego de reiterados intentos de diálogo con personas que representan a cuatro comunidades indígenas, quienes habían ocupado el espacio público, bloqueando el ingreso principal al edificio gubernamental.

Actualidad21/07/2025Redacción NARedacción NA
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La medida de acción directa de las comunidades generó serias alteraciones en el funcionamiento institucional, al impedir el ingreso de empleados, funcionarios y vecinos. Además, anteriormente, se produjo la ocupación de una oficina pública, lo que constituye un hecho de gravedad institucional.

Durante la protesta, los manifestantes instalaron carpas, mesas, cocinas a leña, baños químicos y llevaron animales (caballos y chivos), provocando molestias a vecinos, comerciantes y transeúntes. Algunos de ellos se encadenaron a las barandas de acceso, bloqueando incluso las rampas para personas con discapacidad, y manifestaron públicamente que no se retirarían hasta obtener personerías jurídicas, pese a no haber cumplido con los requisitos legales establecidos.

Frente a esta situación, y con el objetivo de preservar el orden público y restablecer el normal funcionamiento de las instituciones, el Ministerio Público Fiscal dispuso el comisionamiento urgente de personal de la Policía provincial. Se instruyó a los efectivos a identificar e intimar a los ocupantes para que, en el plazo de dos horas, desocuparan voluntariamente el lugar. Asimismo, se autorizó el uso de la fuerza pública solo en caso de que la desocupación no se concretara, debiendo aplicarse de manera proporcional, resguardando en todo momento la integridad física de las personas presentes.

El procedimiento se desarrolló conforme a dichas instrucciones, respetando los protocolos vigentes y garantizando la paz social. Todas las personas que fueron demoradas, fueron liberadas luego de constatar que no existan lesiones.

El Gobierno del Neuquén reafirma su compromiso con el diálogo como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos, pero también con su responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, el uso responsable de los espacios públicos y el normal desarrollo de las instituciones democráticas.

 
 

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