Fueron registradas más de 2.900 declaraciones juradas patrimoniales

A poco más de un mes, luego de que el gobernador Rolando Figueroa, firmara un decreto que establece que todos los funcionarios públicos alcanzados por la Ley 5 (de la planta política) deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en un plazo de 30 días hábiles luego de su notificación, hasta el primero de marzo ya se registraron 2.900 declaraciones juradas; lo que representa el 73 por ciento del total de las personas alcanzadas por la normativa, que rondaría un total de 3.800, según el listado recibido en la escribanía, por parte de las áreas de Recursos Humanos.

Cabe recordar que el decreto fue dispuesto por el gobernador a fines de enero con el objetivo de promover la transparencia institucional y reafirmar la tolerancia cero con respecto a hechos de corrupción. 

Asimismo, durante el inicio del 54º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado sábado, el gobernador fue categórico al referirse a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios: “Quienes al 25 de marzo no lo hagan, quedarán afuera de este gobierno”.

Sobre la relevancia de esta Ley y su cumplimiento la Escribana General de Gobierno, Laura Miranda, señaló “condice con lo que es una política de Estado y la obligatoriedad de los funcionarios de declarar sus patrimonios”.

Al respecto Miranda,  recordó que “la Ley 5 es provincial y establece que los funcionarios, magistrados, legisladores y los empleados que son funcionarios o que ocupan cargos en el ejecutivo deben presentar su declaración jurada patrimonial” y agregó “si bien es una ley del año 1958, tiene un criterio bastante visionario porque es información similar a lo que pueden presentar ante otras autoridades con competencias como ARCA o la Unidad de Información Financiera y determina que debes presentar un detalle de tu patrimonio, el origen, que determines quiénes son tus ascendientes, descendientes, ciertos familiares”.

Sobre el alcance de la Ley 5, Miranda sostuvo “abarca al gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, legisladores y empleados funcionarios”, y agregó que, en los últimos 32 años, “desde el 1991 a 2023, solo se habían registrado 937 declaraciones”, mientras que, por el contrario, en este último año de gestión se han presentado más de 2.900 declaraciones, y aún hay plazo hasta el 24 de marzo para hacer el trámite, por lo que este número podría crecer.

 Por otra parte, Miranda destacó los puntos sobresalientes del decreto, respecto a su relación con la Ley 5: “El decreto que ha firmado el Gobernador ha establecido que no podrán asumir en funciones aquellos funcionarios designados que no presenten en forma previa la declaración jurada patrimonial, y ante el incumplimiento de dicha declaración otra de las consecuencias será la retención de sus haberes”, explicó Miranda.

Esta ley involucra no solo al Poder ejecutivo sino, al Poder Legislativo y Judicial. “El 21 de febrero ha adherido el Consejo de la Magistratura por lo que ellos disponen hasta el 8 de abril para entregar sus declaraciones”, señaló Miranda y aclaró para todos “son 30 días hábiles a partir de la notificación que hace Recursos Humanos”.

Quedan a disposición en caso de ser requeridas

La escribana general explicó que “las declaraciones juradas patrimoniales son secretas y pueden ser abiertas únicamente por disposición judicial, por el propio interesado o inclusive por una comisión especial de la Legislatura que establece el artículo 7 de la Ley 5, para investigación de hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito de funcionarios”.

En este sentido, la funcionaria detalló que existe un protocolo para su apertura y que “todas las declaraciones juradas se archivan en forma definitiva en la Escribanía General de Gobierno”.