La iniciativa contempla la creación de un órgano permanente ad honorem, que estará integrado por las autoridades del Mercado Concentrador, la Cámara de Comercio y Defensa del Consumidor y el Ministerio de Producción e Industria. Este órgano establecerá los precios de referencia para que luego el Estado provincial acuerde con los diferentes sectores de la cadena de comercialización de frutas y verduras.

Por otro lado, el proyecto plantea la confección de un padrón de voluntarios y voluntarias, con la participación de las comisiones vecinales, que se encargará de fiscalizar el cumplimiento del programa. También prevé la utilización de una aplicación en el celular para que los consumidores puedan verificar y controlar los precios establecidos. La Dirección de Defensa del Consumidor será el órgano de control y el programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de la Ciudadanía. 

En los fundamentos, el autor del proyecto señala que el objetivo es reducir el impacto de la inflación, tomando como eje central la nutrición y la salud. En ese sentido,  explica que la intención es generar una política de administración de precios, que establezca valores de referencia para las frutas y verduras más representativas y necesaria para el consumo de la población. Subraya que esas políticas deben surgir de acuerdos llevados adelante por los organismos que nuclean los sectores de producción, distribución y comercialización de las frutas y verduras.