Impulsan un Banco de Datos Genéticos provincial

La información genética que formará parte del banco de datos se recabará de forma voluntaria, al momento del nacimiento (con el consentimiento de sus representantes legales), al momento de defunción de las personas contando voluntad expresa mediante testamento, de forma obligatoria, mediante requerimiento judicial y en personas condenadas por determinados delitos.

La iniciativa establece que la información de la base datos será secreta y solo estará disponible para los magistrados en el marco de las causas en que se encuentren interviniendo y para las personas que soliciten un test genético de sí mismas. También contiene un artículo que establece que “cuando fuese necesario determinar en juicio la identificación de una persona mediante análisis de ácido desoxirribonucleico y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez según el estado del arte”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciudadanía.

Los fundamentos señalan que el objetivo del Banco de Datos Genéticos (BADAGEN) es generar medios adecuados y eficientes de identificación criminal, histocompatibilidad de órganos, análisis de ADN con consentimiento de partes, investigación científica y reproductiva y filiación de las personas, acorde a las normativas internacionales, nacionales y provinciales, resguardando las garantías constitucionales e individuales de las personas.

Remarcan que este sistema permite obtener los perfiles genéticos de un individuo, de manera eficaz y certera, para utilizarlos con fines investigativos. Por ejemplo, en el área criminalística se puede aplicar para esclarecer violaciones y abusos sexuales, homicidios y supresiones de identidad, como también es aplicable a otras áreas como catástrofes, accidentes y filiaciones.

A la vez, mencionan que el proyecto tiene como antecedente federal el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en 1987 durante la presidencia de Alfonsín a través de la ley 23.511, como espacio de obtención, almacenamiento y análisis de las muestras genéticas necesarias para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad en Argentina.

“Este proyecto recepta la idea central de la Ley 23.511, pero amplía los criterios de la misma para lograr una política de estado integral, transgeneracional, de interés general, basada en el respeto a la intimidad y que logre resguardar la seguridad individual de todos los neuquinos, obrando como herramienta para el esclarecimiento de crímenes, conflictos de filiación y capacidad receptivo/dadora de órganos”, subrayan.

El proyecto lleva las firmas de César Gass, Lucas Castelli y Leticia Esteves.