Presentan un proyecto de Ley para garantizar transparencia en contrataciones estatales

En cuanto a la trazabilidad de los pagos, la propuesta indica que previo a la contratación pública, el contratante deberá denunciar una cuenta en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Esta cuenta funcionará como la única habilitada para el depósito de los pagos correspondientes devenidos de la contratación en cuestión y no podrá recibir depósitos por conceptos ajenos a la contratación. De esta forma, se podrán implementar mecanismos de control para identificar los pagos y las transferencias entre el Estado y los sujetos contratados.

A la vez, la medida apunta a garantizar la transparencia en la subcontratación de proveedores y, a tal fin, se estipula que todo sujeto que pretenda concretar una contratación con el Estado neuquino -y/o mecanismos afines como licencias- deberá presentar una ‘Declaración Jurada de sociedades controladas, controlantes o vinculadas’. La medida permitirá detectar con antelación si existe algún tipo de conflicto público de intereses que impida la operación. Deberá completar dicha Declaración Jurada toda persona jurídica o humana que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado provincial. Los datos de este documento, que será de conocimiento público, serán actualizados una vez al año. 

En última instancia, la propuesta establece la obligatoriedad de la publicación en un sitio web oficial -que determinará la autoridad de aplicación bajo la órbita de la Oficina Provincial de Contrataciones- de todas las operaciones bancarias que impliquen depósitos de las personas o empresas contratantes por el Estado en la Cuenta única de Trazabilidad creada a tal fin. 

Los fundamentos indican que la iniciativa constituye una herramienta para que la ciudadanía neuquina conozca y ejerza el control de la integridad y legalidad de los actos de gobierno, en este caso vinculados a las contrataciones públicas. En tal sentido, aseguran que el proyecto “es un paso importante para el fortalecimiento de las buenas prácticas en la gestión de gobierno y para el desarrollo del ejercicio de una ciudadanía plena”.