Procuradores y fiscales de todo el país se manifestaron a favor de impulsar la desfederalización que establece la Ley 26.052, para fortalecer desde las provincias las investigaciones por comercialización y distribución de drogas a baja escala.

Con la participación del fiscal general José Gerez, los representantes de los ministerios públicos emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su visión respecto de cómo debe direccionarse la investigación de lo que se conoce como microtráfico o narcomenudeo y pidieron al gobierno nacional una convocatoria del “con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, para poder efectuar un abordaje integral del asunto”.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut). Participan el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, integradas por los procuradores generales y fiscales de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Como Consejo no podíamos dejar de expresar nuestro posicionamiento, que es una postura que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. El abordaje debe ser conjunto, sin excluir a la justicia federal, sino ayudarnos”, planteó Gerez, en referencia a un trabajo conjunto entre las estructuras de Poderes Judiciales de las provincias y de la Nación.

Desfederalización

La “desfederalización” a la que refirieron en el documento apunta a  “ampliar el número de provincias adheridas” a la Ley 26.052 y “a la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, mediante la implementación de criterios comunes de persecución penal, se logre un eficaz combate contra el narcomenudeo”.

“Desde hace años las organizaciones vienen intentando ubicar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas sobre el avance de la distribución de drogas en sus territorios”, se recordó en el documento difundido tras la primera jornada de trabajo, y se remarcó que “el federalismo es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo”.

Entre otras tareas a desarrollar, se indicó que para fortalecer las investigaciones se deben “establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado y evitar la ocupación territorial por los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales”. “Deben profundizarse las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad, sobre todo en relación con el fenómeno del narcomenudeo”, se agregó.

Finalmente, quienes representan a los ministerios públicos provinciales destacaron el rol “del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad” y remarcaron que “es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables”.

“Observamos como prioritario que los estamentos gubernamentales argentinos, sin distinciones ideológicas o partidarias, asuman políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales”, concluyó el documento.