La fiscalía le imputó el delito de abuso sexual simple, agravado por la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad, en calidad de autor (artículos 119 quinto párrafo en función del artículo 119 primer y cuarto párrafo inciso f y 45 del Código Penal).

Desde la fiscalía solicitaron que se impongan medidas cautelares fundadas en el riesgo de entorpecimiento. Las mismas consisten en la prohibición de acercamiento y contacto por sí o por terceros del imputado con la niña y su familia, por un plazo de cuatro meses.

La defensora de la Niñez y la Adolescencia adhirió a lo expuesto por la fiscalía.

La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal es el hecho que ocurrió entre junio y diciembre del año 2022, en la ciudad de Junín de los Andes. El imputado abusó sexualmente de la niña perteneciente a su entorno familiar, aprovechando la convivencia preexistente.

El juez de garantías dio por formalizada la acusación y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además hizo lugar a las medidas requeridas por las partes acusadoras.