Redacción NALa formulación de cargos la realizó hoy al mediodía el asistente letrado Luciano Vidal, en una audiencia en la que estuvo acompañado por la abogada querellante Andrea Ferracioli, de la ONG “Profesionales y activistas en derechos de los animales”.
El hecho atribuido al imputado, P. M. A. V, fue que el 12 de julio pasado golpeó con un fierro a un perro de tamaño mediano y pelaje marrón. La agresión la cometió alrededor de las 13.45, en un sector de la vía pública en las inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario, en la capital provincial.
El imputado “salió de su domicilio llevando en su mano un hierro de aproximadamente un metro de longitud y se dirigió hacia donde estaba el animal”, según detalló Vidal. Al acercarse al perro, “le propinó un primer golpe en la zona de la cadera y la espalda, provocando que el animal cayera al suelo como consecuencia del impacto”, explicó. “Inmediatamente después, cuando el perro ya se encontraba tendido e imposibilitado de defenderse, P. M. A. V. le aplicó un segundo golpe con el mismo elemento en la zona de la cabeza”, añadió.
El representante del MPF precisó que luego de la agresión, el imputado se retiró del lugar y que el animal quedó tendido en el suelo, hasta que logró levantarse y se fue evidenciando dificultades para caminar como consecuencia de los golpes.
El delito que le atribuyeron fue actos de crueldad hacia los animales, en calidad de autor.
Como el acusado no tiene antecedentes penales y el delito atribuido prevé una penal condicional, el caso se resolvió en la misma audiencia mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP). Esta es una herramienta que se suele utilizar en hechos con esas dos características y que prevé que ante el incumplimiento de algunas de las pautas establecidas, la pena pueda revertirse y ser de efectivo cumplimiento. Esta solución contó con el aval de la abogada querellante de la ONG “Profesionales y activistas en derechos de los animales”.
Las pautas de la SJP fijadas para P. M. A. V. fueron: realizar una capacitación en bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal; cumplir con 288 horas de trabajo comunitario; realizar una reparación económica a través de la donación de 240 kilos de alimento a una ONG vinculada al cuidado animal; y fijar un domicilio, entre otras pautas previstas. Todo por un plazo de un año.
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y la resolución del caso mediante la SJP.
