Redacción NALa historia judicial que conmocionó a San Martín de los Andes volvió a quedar bajo la lupa. Un hombre de nacionalidad boliviana, condenado por trata de personas con fines de explotación laboral, inició gestiones ante el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal para obtener beneficios mientras continúa cumpliendo su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
El caso se remonta a 2016, cuando una investigación reveló las condiciones en las que vivían y trabajaban dos mujeres provenientes de Bolivia que se desempeñaban en locales comerciales administrados por el acusado y su esposa. El expediente avanzó hasta llegar al juicio oral realizado en 2019, donde se acreditó la situación de explotación.
Uno de los episodios que permitió descubrir lo que ocurría tuvo lugar cuando una de las víctimas acudió por sus propios medios al hospital de la localidad debido a un fuerte dolor abdominal. Según expuso la Fiscalía durante el debate, la mujer no recibió asistencia de sus empleadores para llegar al centro de salud y, al regresar, fue reprendida por haber mencionado dónde trabajaba.
Para los investigadores, aquella reacción evidenció el intento de ocultar las condiciones de precariedad y sometimiento que sufrían las trabajadoras. El proceso judicial concluyó con una sentencia condenatoria que hoy sigue vigente y que mantiene al responsable bajo control judicial.
Ahora, varios años después del fallo, el expediente suma un nuevo capítulo. El condenado busca acceder a beneficios contemplados en la etapa de ejecución de la pena, una solicitud que deberá ser evaluada por la Justicia Federal en función de los requisitos legales y el avance efectivo del cumplimiento de la condena.
La causa permanece como uno de los antecedentes más relevantes vinculados a la trata laboral en la región cordillerana y vuelve a poner en agenda la importancia de los mecanismos de control y protección de los derechos de los trabajadores.
