María Inés Gerez -quien ingresó al Poder Judicial neuquino en el año 2004 y en la actualidad se desempeña como asistente letrada- se refirió a su experiencia al interior del sistema judicial, ocasión en la que indicó que desde su ingreso mantiene la misma categoría y cuestionó la falta de concursos, en especial en el interior provincial, que permitan “movilidad” dentro de la estructura del Poder. En efecto, aseguró que desde el 2014 a la actualidad hubo solo un concurso para fiscal del caso en la IV Circunscripción, de la que la localidad de San Martín de los Andes es cabecera.

En su alocución, Gerez también se refirió a la situación actual de tal Circunscripción, a la que definió como “compleja” en tanto el juez de garantías dejó su cargo y el fiscal jefe se jubiló hace poco. En ese sentido, indicó que quedó como única funcionaria que puede asistir a las audiencias en la localidad sureña.

Consultada por la posibilidad de instaurar el denominado juicio directo, la letrada se expresó a favor considerando que es “una herramienta muy valiosa” del Código. “Mientras no se afecten las garantías y estén dadas las condiciones, debería hacerse un juicio directo” señaló tras reparar en que la viabilidad del acuerdo “debiera estar en la cabeza del juez de garantías, porque la defensa se va a oponer”. Comentó un caso particular en el que ofreció ejecutar un juicio directo por el caso de un robo, días atrás, y la defensa se opuso, ocasión en la que aseguró que en los casos en los que la prueba ya está, “no tiene sentido prorrogar la resolución del caso en el tiempo”.

En cuanto a ampliar la competencia del jurado popular para instituirlo en nuevos tipos de delitos, Gerez se inclinó a favor en la medida en que “es muy bueno el desempeño de los juicios por jurados” ya que “está muy naturalizado” en la ciudadanía. Agregó que, para delitos de menor cuantía, habría que reducir la cantidad de miembros, menor a los 12 integrantes que prevé el Código Procesal Penal en la actualidad.

La letrada también fue consultada por su posición ante los conflictos que se suscitan por posesión de tierras por parte de distintas comunidades originarias. Al respecto, diferenció la facultad de la justicia penal de la civil, y opinó que la vía para resolución de conflictos en materia penal es el “diálogo y la mediación” y reiteró que es en el fuero civil donde se ubican las herramientas para resolver “el tema de fondo”.

Por último, Gerez se pronunció también en relación a la violencia de género y las medidas que tanto el sistema judicial como el Estado en general deberían implementar para prevenir tales situaciones de violencia hacia las mujeres. Aclaró que la justicia penal “no previene sino que actúa una vez producido el hecho”. Dijo que, ante una denuncia, actúan en forma inmediata con medidas de coerción para proteger a la víctima y, en esa dirección, pidió un trabajo “transversal” desde el Estado, y dijo que hace falta un acompañamiento específico, por ejemplo, a las víctimas con escasos recursos económicos. En esa línea, dijo que “la mujer víctima de violencias no es libre” y adujo que ese es el principal argumento por el que recurre al pedido de prisión preventiva en estos casos.

El pliego obtuvo despacho por mayoría, con el único voto negativo de la banca del PTS-FIT, y fue girado al recinto para el tratamiento del pleno en sesión.

Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Soledad Martínez, Darío Peralta, César Gass, Ludmila Gaitán, Carlos Coggiola, Mariano Mansilla, Andrés Blanco y Karina Montecinos.