Diputados y diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad del uso de la estampa en uniformes de todos los niveles educativos de la provincia.
Legislatura Neuquina23/06/2022
Redacción NA
La imagen deberá contener a las islas Soledad y Gran Malvina con los colores de la bandera nacional. La propuesta determina que el Poder Ejecutivo proveerá los bordados o estampas a cada estudiante, para que las familias puedan colocarlos en sus respectivos guardapolvos o uniformes. La imagen será, mínimamente, de siete centímetros de ancho por cinco de alto y los colores de la bandera serán los establecidos por la simbología oficial.
La medida alcanzará a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria de toda la provincia, tanto del ámbito público como del privado.
Los fundamentos recuerdan cuando durante la pandemia el alumno Thiago Huenchillán -de la escuela primaria N°126 de Comodoro Rivadavia- discutió con su maestra defendiendo la soberanía argentina sobre el archipiélago del sur. El niño de siete años sugirió, entonces, que todos los alumnos lleven a las Islas Malvinas bordadas en el guardapolvo, tal como lo hacía él desde primer grado.
Más adelante indican que el incidente trascendió “más allá del ámbito educativo y movilizó a toda la comunidad que reclamó la obligatoriedad de la enseñanza sobre Malvinas”. El suceso movilizó también a ex combatientes, quienes visitaron al alumno para felicitarlo.
Finalmente, mencionan que el tema fue debatido en uno de los últimos encuentros del Parlamento Patagónico, con el compromiso de sancionar una norma de tales características en cada provincia patagónica.
El proyecto de ley está firmado por Ayelén Gutiérrez, Sergio Fernández Novoa, Soledad Martínez y Gonzalo Bertoldi.
Al defender la iniciativa, la legisladora Julieta Ocampo (FIT-U) explicó que así se alteran los formatos de contratación, al permitir que en cada instancia de renovación se pueda perder desde la categorización el hasta el puesto de trabajo, lo que determina una precarización en términos de estabilidad laboral.
La medida contempla sanciones con detención de entre cinco y 30 días o multa de entre el 30 y 100% del valor de Unidad de Medida Arancelaria a quien ingrese, en concepto de familiar o tutor de un alumno de la escuela, y realice actos violentos.
Además, se crean nuevas estructuras y se reorganizan otras, como también se incorpora el nuevo agrupamiento denominado “personal civil sin estado policial” que desempeñará tareas de apoyo al accionar del personal de policía.
Sostienen que la propuesta busca establecer medidas de protección integral para empleados de instituciones educativas públicas y privadas, en todos sus niveles y modalidades, con el fin de evitar que sufran agresiones en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Es con el fin de contener económicamente a las escuelas deportivas de barrio que atienden a las infancias y adolescencias y no cuentan con personería jurídica.
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