El pasado 7 de mayo, dos hombres fueron detenidos en un centro ganadero ubicado en ruta nacional 40 intersección con la ruta Provincial 49. La presunción es que realizaban caza ilegal, ya que portaban armas y al menos un jabalí fue hallado muerto en el predio, además de que no tenían autorización del propietario para estar allí.

Luego de la investigación previa, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Allí la defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba. Esta es una medida que exime de pena, pero no desestima los cargos, por lo que los acusados no deberán ser imputados de ningún otro tipo de delito. Ésta es una medida que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan, tienen pena en expectativa menor a tres años y cuando los acusados no tienen antecedentes penales.

La fiscalía, más allá de buscar imputarlos por los cargos de caza ilegal de animales, en calidad de coautores, estuvo de acuerdo con el pedido. En tanto que el juez de garantías hizo lugar y determinó otorgar la suspensión de juicio a prueba en todos sus términos.

La misma es por el plazo de un año, a los fines de resolver el conflicto primario y teniendo en cuenta que los acusados no tienen antecedentes penales. Así es como ambos imputados deberán fijar domicilio y en caso de mudarse, informarlo con anticipación. Tampoco podrán ingresar al predio en el que sucedió el hecho, ni tener contacto con el dueño. Además, tendrán que reportarse ante la justicia con periodicidad, no cometer nuevos delitos y ceder los elementos secuestrados al Estado.

Por su parte y en concepto de reparación por el daño provocado a la sociedad, ambos imputados deberán abonar una suma de dinero a la cooperadora del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.