A partir de una impugnación del fiscal jefe Gastón Ávila, un tribunal revocó la absolución de un varón acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido en noviembre de 2024 en San Martín de los Andes.
Judiciales29/10/2025
Redacción NA
El hecho investigado ocurrió en el interior de una cabaña donde la víctima, una adolescente, residía bajo la guarda de los padres del acusado. Según la acusación, el hombre, J.S.C., se aprovechó de la situación de convivencia y de la condición de vulnerabilidad de la joven al momento de los hechos.
Durante la audiencia de impugnación, Ávila planteó que la absolución del 1 de septiembre de este año por un tribunal de juicio había incurrido en “arbitrariedad y en una valoración absurda de la prueba producida”.
Junto a la asistente letrada Lucía Lucero, el fiscal jefe sostuvo que los jueces habían desconocido “los elementos objetivos y testimoniales que acreditaban el abuso”, y que el voto mayoritario había descreído injustificadamente del testimonio de la víctima, desestimando tanto su estado de shock e inmovilidad durante el hecho como las conclusiones de las profesionales que la asistieron.
“La realidad es que el tribunal que absolvió descreyó de la versión de la víctima. Y no le creyó por una evaluación absurda de la prueba y por juzgar con un sesgo estereotipado sobre cuál era la conducta que tenía que tener antes, durante y después del hecho”, sostuvo Ávila.
Entre otros puntos, el fiscal jefe remarcó que el tribunal de juicio, integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz, Juan Pablo Balderrama e Ignacio Pombo, consideró erróneamente que la fiscalía había modificado la acusación en los alegatos al referirse a la relación de poder y vulnerabilidad existente entre el acusado y la víctima. Aclaró que eso no implicó una variación en los hechos atribuidos, sino la descripción del contexto de aprovechamiento en el cual se produjo el abuso.
Relato coherente
Además, Avila señaló que la absolución se centró en inconsistencias irrelevantes del relato de la víctima y en una valoración inadecuada de la prueba científica: sostuvo que los y las profesionales que evaluaron e testimonio de la mujer evaluaron que se trató de un relato “coherente y persistente”, por un lado, y por el otro destacó la existencia de una prueba de ADN positiva del acusado en una prenda íntima de la víctima.
Tras analizar los planteos, el tribunal de impugnación, integrado por el juez Nazareno Eulogio y las juezas Estefanía Sauli y Florencia Martini, declaró la nulidad de la sentencia que absolvió al acusado y ordenó volver a realizar el juicio, ante un nuevo tribunal.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, será juzgada por la apertura y operación de un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
El asistente legal Federico Surá presentó cargos contra nueve individuos acusados de formar parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes. Uno de los miembros del grupo operaba desde una comisaría, donde se encuentra bajo arresto.
Retrasos en incorporaciones, infraestructura deteriorada y carencia de equipamiento crítico exponen una complicada situación en el servicio de guardavidas, mientras playas clave operan con mínima cobertura.
Una joven jinete sanmartinense compite por un reconocimiento provincial tras una temporada deportiva marcada por crecimiento, constancia y triunfos destacados.
El gobernador Rolando Figueroa se reunió ayer con el ministro Luis Caputo. Durante el encuentro, presentó una nota solicitando que las inversiones relacionadas con el upstream sean incluidas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
Autoridades informaron nuevos episodios que afectan elementos de seguridad vial y pidieron colaboración para evitar riesgos durante el avance de los trabajos.
La Secretaría de Economía y Hacienda informa que, entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de este año, el Municipio de San Martín de los Andes transfirió a la empresa de transporte urbano de pasajeros $ 1.850.000.000, con recursos propios, para garantizar el transporte urbano de pasajeros y para el cumplimiento de la Ordenanza que establece la gratuidad del boleto estudiantil.
