Vuelven a cortar el paso en el puente del río Curruhué

El intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazzini explicó que "es un grupo de 12 familias conformada por personas que vinieron de Cutral Co, otras de Santa Fe y otras familias que bajaron de la zona rural de distintos parajes de las comunidades".

El jefe comunal explicó que "se instalaron en un terreno que estaba previamente usurpado, desde hace 20 años, que pertenece al IPVU (Instituto Provincial de la Vivienda) y no es municipal. Sobre el terreno ya hay un orden de desalojo de la justicia emitida en marzo de 2020 por el juicio ganado por el organismo a la persona que lo tomó originalmente. Por esa razón, a la gente que ahora está ocupando no se le puede ceder el terreno. Por otro lado, hay una orden la de la fiscalía de que no ingresen materiales a ese lugar por lo cual se dispuso una vigilancia permanente de la policía las 24 horas".

Corazzini detalló que el problema de la oferta de soluciones habitacionales es muy complejo. "Los manifestantes pretenden sí o sí un terreno para deponer su actitud pero el municipio no puede dar lugar a ese reclamo porque no tiene las tierras y, en caso tenerlas, estas personas no cumplen con los requisitos que exige la carta orgánica que establece un mínimo de cinco años de residencia. Además, en el Instituto Municipal de Vivienda y Tierras ya hay un listado de gente de Junín de los Andes y de familias que llegaron hace muchos años a la localidad que están en espera. Esto sería de una injusticia total y se generaría un caos", argumentó.

El intendente aclaró que agotaron todas las instancias para resolver el problema y ahora está en manos de la justicia. "Los manifestante estuvieron en Casa de Gobierno el miércoles pasado donde me pidieron si podía dialogar con ellos, este era el cuarto encuentro, ya que en Junín mantuve otros encuentros siendo el último un poco complicado porque hubo amenazas. En el Ministerio de Desarrollo Social, que intervino por pedido de la Defensoría del Niño y el Adolescente, se les ofreció la provisión de víveres, un aporte de alquiler de 20 mil pesos mensuales, el cual rechazaron y desmintieron", relató Corazzini.

Recordemos que la manifestación dejó de ser tranquila el domingo, cuando se vivieron momentos de tensión al generarse un cúmulo de violencia con piedrazos, gritos, y golpes.

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