Redacción NALa acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien intervino junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, el asistente letrado Facundo Bernat y la asistente letrada Agustina Jara. Además, la Fiscalía de Estado adhirió a la formulación de cargos y acompañó los pedidos del Ministerio Público Fiscal.
La investigación ya tenía imputados a seis integrantes de la cooperativa por el uso indebido de fondos entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Con la ampliación de la acusación, fueron incorporados los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, a quienes se les atribuyó autorizar pagos mensuales sin verificar esos requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. La fiscalía sostuvo que los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —un mes antes de la firma del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023.
También se señaló que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables en los distintos períodos investigados, pero que esas observaciones fueron desoídas y los pagos continuaron realizándose.
Calificación legal
Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 173 inciso 7° del Código Penal en función del artículo 174 inciso 5°, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), respecto de los exministros.
De acuerdo con la imputación, la maniobra constituyó un hecho único sostenido en el tiempo —con ejecución continuada entre julio de 2022 y diciembre de 2023— mediante el cual se desvió de manera sistemática un conjunto de aportes no reintegrables con destino específico, configurando una defraudación mediante abuso de las funciones y violación de los deberes de control.
En relación con los exfuncionarios, la fiscalía les atribuyó responsabilidad en calidad de coautores, por haber tenido dominio funcional del hecho al ordenar los pagos y habilitar la disposición de los fondos sin verificar las condiciones legales exigidas, posibilitando el desvío.
Respecto de los integrantes de la cooperativa identificados como M.E.M., J.L.L.V. y J.E.B., la imputación también los ubica como coautores de la administración fraudulenta, al haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas, con el fin de sostener la continuidad de los desembolsos.
En cuanto a las personas particulares identificadas como B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., la fiscalía les atribuye intervención en carácter de partícipes necesarios, por haber recibido fondos sin contraprestación alguna, integrando el esquema de disposición patrimonial que permitió consumar el perjuicio.
Para el Ministerio Público Fiscal, la actuación coordinada de funcionarios y particulares configuró un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad social del programa y consolidó un perjuicio millonario al erario provincial.
Para el Ministerio Público Fiscal, la actuación coordinada de funcionarios y particulares configuró un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad social del programa y consolidó un perjuicio millonario al erario provincial. En la reformulación, que permitió precisar conductas y roles, también se modificó el monto del perjuicio, que originalmente se estimó en $1.341.400.640, debido a que se había incluido un período de tiempo que no forma parte del investigado.
Finalmente, por pedido del fiscal jefe Vignaroli y de la fiscal Rivero, el magistrado también dispuso la inhibición general de bienes respecto de los dos nuevos acusados, una medida que ya regía respecto del resto de las personas acusadas.
