Todo ello fue cometido contra una mujer que era su pareja, en un paraje cercano a San Martín de los Andes. Dicho acusado incumplió una serie de prohibiciones que le habían impuesto para proteger a la víctima.
Judiciales31/12/2024
Redacción
La decisión fue tomada después de que la fiscal del caso Inés Gerez ordenada la detención del acusado, F.S.G, el sábado pasado. Esto porque incumplió la prohibición de no tener contacto con la víctima y de ejercer actos de perturbación hacia ella.
Durante la audiencia en la que se controló la detención del imputado, pasado 28 de diciembre, la fiscal planteó que F.S.G, mientras la víctima estaba en una de plaza de la ciudad entre las 17 y 18, se acercó a ella, la insultó, le arrojó una bebida en la cabeza y la golpeó.
La fiscal del caso detalló que el 9 de abril se le formularon cargos al acusado, por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas mediando violencia de género y contra quien se mantuvo una relación de pareja; abuso sexual con acceso carnal en carácter continuado, en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial, amenazas agravadas por el uso de arma; y amenazas agravadas por el uso de arma en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real entre sí.
En ese momento se le impuso prisión preventiva, sobre la base de dos riesgos procesales: de entorpecimiento de la investigación, y para la integridad de la víctima. En mayo, la modalidad cambió a prisión domiciliaria y el 6 de diciembre se autorizaron salidas laborales, con la prohibición de ingresar a la ciudad de San Martín de los Andes y de ejercer actos de perturbación y de tomar contacto con la víctima.
La fiscal del caso requirió, ante el incumplimiento de las medidas que le habían impuesto a F.S.G, que le impongan prisión preventiva hasta el 8 de febrero próximo, fecha en la que está previsto el inicio del juicio.
El juez que dirigió la audiencia, Lisandro Borgonovo, resolvió imponer la prisión domiciliaria con rondines policiales sorpresivos, hasta el inicio del juicio.
Los hechos por los cuales F.S.G fue acusado y serán juzgado son los siguientes:
Que el 20 de diciembre de 2022, a las 16:30 aproximadamente, al advertir que su pareja conversaba con un amigo de él en el interior de una casa en San Martín de los Andes, se le abalanzó y comenzó a insultarla y a golpearla en la cara y en la cabeza.
Que el 1 de octubre de 2022, en la madrugada en su domicilio en un paraje, abusó sexualmente de su pareja. Esta conducta la repitió en tres oportunidades, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.
Con los últimos abusos sexuales, desobedeció medidas cautelares dispuestas por el juzgado de Familia, mediante las cuales se le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la mujer, además de ejercer actos de intimidación.
Que el 1 de octubre de 2022, entre las 5:30 y 7, amenazó de muerte a una pareja que vivía en el mismo paraje que él, que fue hacia la casa a auxiliar a la mujer que él atacó.
Que el 5 de octubre de 2023, a las 19:30 horas, observó a su ex pareja mientras caminaba junto a un varón por calle Sarmiento, la interceptó e intentó llevarla con él, mientras la amenazaba mostrándole un cuchillo. Cuando ella logró separarse del imputado, él la corrió con un cuchillo hasta que ingresó a la Comisaría 23 de la ciudad.
De esta manera, además de amenazar a la mujer, desobedeció una vez más las medidas cautelares que había renovado el juzgado de Familia.
Que el 4 de abril de 2024, entre las 21 y 23, en el arroyo cerca del puente Elordi, compartió bebidas alcohólicas con su expareja, y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Luego de ello, el imputado nuevamente le pidió a la nombrada mantener relaciones, ante lo cual ella se negó, por lo que él tomó una piedra bocha que había en el lugar y la amenazó diciéndole que si no tenían relaciones la mataría. Luego, la golpeó y abusó sexualmente.
Así, también incumplió las medidas cautelares que habían sido renovadas el 7 de diciembre de 2023.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, será juzgada por la apertura y operación de un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
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