El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
Judiciales05/12/2025
Redacción NA
De acuerdo a la acusación, el hecho ocurrió el 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y 9:00, en la vivienda donde convivían la imputada y la víctima, José Emiliano Catricura. Esa mañana, la pareja discutió tras participar en una reunión con otras personas de la comunidad mapuche a la que pertenecen. Al llegar a la casa, la mujer arrojó nafta y encendió un fósforo, provocando un incendio que se expandió de inmediato. Catricura quedó atrapado por una explosión que trabó la puerta; y aunque logró salir por una salida trasera, sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y murió horas después en el hospital local.
La acusada también resultó lesionada. El tribunal calificó legalmente el caso como incendio seguido de muerte (artículos 186, inciso 5, y 45 del Código Penal).
Durante su alegato, el fiscal Ávila indicó que el mínimo legal para el delito es de 8 años y solicitó elevarlo a 9 años, en función de pautas agravantes como la extensión del daño —la destrucción de la vivienda familiar, la muerte del joven y el riesgo generado para el hijo de ambos— y la naturaleza de la acción en un contexto de alta sensibilidad comunitaria respecto del fuego, en una comunidad mapuche que ha atravesado situaciones traumáticas similares. Como atenuantes, mencionó que la acusada no posee antecedentes penales y que resultó lesionada durante el incendio.
“Lo que está claro es que Beatriz no estaba inmersa en un círculo de violencia; no era rehén de una situación que la condicionara a actuar como actuó ni volvió menos reprochable su actuar”, ponderó el fiscal jefe.
La defensa en una postura opuesta, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del mínimo legal previsto para el delito y que se imponga una pena de 3 años de prisión en suspenso.
La audiencia se desarrolló ante los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz, quienes anunciaron que deliberarán en sesión privada y fijarán en los próximos días la fecha para comunicar la pena.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
El asistente legal Federico Surá presentó cargos contra nueve individuos acusados de formar parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes. Uno de los miembros del grupo operaba desde una comisaría, donde se encuentra bajo arresto.
Una mujer acusada de participar del intento de homicidio con ensañamiento de un hombre en la ciudad de San Martín de los Andes, y que estaba detenida con prisión preventiva por violar la prisión domiciliaria, volvió a quedar detenida en un domicilio.
Por solicitud de la asistente letrada Gabriela Pellico, una jueza de garantías decidió prolongar por dos meses tanto la investigación como las medidas de coerción aplicadas a cuatro individuos acusados de tentativa de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad
Un operativo de la Policía del Neuquén permitió la aprehensión de un prófugo condenado por estafas en la provincia de Buenos Aires. El sujeto, de nacionalidad chilena, intentaba cruzar la frontera hacia su país y fue identificado en la Villa Rural La Buitrera.
Un ciudadano de San Martín de los Andes ingresó un escrito en el Municipio reclamando la salida inmediata del jefe comunal, argumentando deterioro institucional, mala administración y falta de respuestas oficiales.
Incluye una actualización salarial por IPC entre enero y junio; el pago de una suma extraordinaria de 350.000 pesos; una compensación por Ropa de Trabajo y un incremento en las Asignaciones Familiares, entre otros puntos.
La Secretaría de Desarrollo Humano del municipio informó que durante 2025 se registró un crecimiento muy alto en la cantidad de situaciones judicializadas, marcando un nuevo récord respecto de años anteriores.
Abarcan actividades profesionales y de distintos rubros comerciales. Los créditos estuvieron orientados a la adquisición de recursos y/o para acondicionamientos de los lugares de trabajo.
La Dirección General de Infancias y Adolescencias, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y representantes del Registro Único de Adopción de la Provincia del Neuquén, para mejorar el trabajo conjunto ante la vulneración de los derechos de las infancias.
