En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
Judiciales05/12/2025
Redacción NA
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se revoque una condena anterior del imputado de 2 años de prisión de cumplimiento condicional, impuesta por un delito similar, y se unifique en la pena única de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
Para arribar al monto de condena, Scordo valoró como agravantes principales la situación de vulnerabilidad de la víctima, los antecedentes penales del imputado y la violencia de género ejercida por el acusado.
El juez Ignacio Pombo, que estuvo a cargo de la audiencia, resolvió imponer 1 año y 2 meses de prisión, más la revocación de la condena anterior la unificación en una única pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Los delitos por los que D.A.C fue declarado penalmente responsable por el mismo juez tras un juicio realizado en octubre son lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género -2hechos-, y amenazas simples, todo en concurso real y en carácter de autor (artículos 89, 92 en función del 80 incisos primero y onceavo, 45 y 55 del Código Penal).
Si bien fue declarado responsable y luego condenado, el nombre del imputado se mantiene en reserva con el objetivo de resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.
Los hechos
De acuerdo con la teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal en el debate de responsabilidad, el 13 de octubre de 2024 en la ciudad de San Martín de los Andes, luego de una discusión, D.A.C tomó del antebrazo a una mujer que había sido su pareja y le provocó un hematoma. Al día siguiente, durante otro episodio de violencia, la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole una escoriación. Antes de retirarse del domicilio, también la amenazó de muerte.
En el juicio la fiscalía le atribuyó tres hechos: dos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y uno de amenazas simples, todos en concurso real. Además, en esa instancia se había planteado la existencia del delito de desobediencia de una orden judicial, y el juez no lo consideró acreditado.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
El asistente legal Federico Surá presentó cargos contra nueve individuos acusados de formar parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes. Uno de los miembros del grupo operaba desde una comisaría, donde se encuentra bajo arresto.
Una mujer acusada de participar del intento de homicidio con ensañamiento de un hombre en la ciudad de San Martín de los Andes, y que estaba detenida con prisión preventiva por violar la prisión domiciliaria, volvió a quedar detenida en un domicilio.
Por solicitud de la asistente letrada Gabriela Pellico, una jueza de garantías decidió prolongar por dos meses tanto la investigación como las medidas de coerción aplicadas a cuatro individuos acusados de tentativa de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad
Un operativo de la Policía del Neuquén permitió la aprehensión de un prófugo condenado por estafas en la provincia de Buenos Aires. El sujeto, de nacionalidad chilena, intentaba cruzar la frontera hacia su país y fue identificado en la Villa Rural La Buitrera.
Un ciudadano de San Martín de los Andes ingresó un escrito en el Municipio reclamando la salida inmediata del jefe comunal, argumentando deterioro institucional, mala administración y falta de respuestas oficiales.
Incluye una actualización salarial por IPC entre enero y junio; el pago de una suma extraordinaria de 350.000 pesos; una compensación por Ropa de Trabajo y un incremento en las Asignaciones Familiares, entre otros puntos.
La Secretaría de Desarrollo Humano del municipio informó que durante 2025 se registró un crecimiento muy alto en la cantidad de situaciones judicializadas, marcando un nuevo récord respecto de años anteriores.
Abarcan actividades profesionales y de distintos rubros comerciales. Los créditos estuvieron orientados a la adquisición de recursos y/o para acondicionamientos de los lugares de trabajo.
La Dirección General de Infancias y Adolescencias, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y representantes del Registro Único de Adopción de la Provincia del Neuquén, para mejorar el trabajo conjunto ante la vulneración de los derechos de las infancias.
