Rolando Figueroa prepara un paquete de 20 leyes para presentar el 1 de marzo en la Legislatura
Según fuentes del Ejecutivo, los proyectos, que aún están en proceso de elaboración, abarcan iniciativas vinculadas a temas económicos, como la reforma del código fiscal, y modificaciones a convenios y normativas que apunten a “terminar con privilegios” dentro del estado provincial.
Figueroa también presentará proyectos para el sector Salud y de Educación, que incluyen modificaciones a la ley de recupero financiero y una normativa que establezca una especie de cobro de un seguro médico para los extranjeros que llegan a la provincia a atenderse en los hospitales públicos.
Este lunes feriado, en la reunión de gabinete a la que asistieron todos los miembros del Ejecutivo, Figueroa bajó la línea de “mejorar la gestión y optimizar el presupuesto”. Además, exigió dedicación “24x7” a sus funcionarios y les informó que nadie se podrá tomar vacaciones.
Del encuentro trascendió que en el gobierno se considera que estos primeros 100 días serán “claves” para la gestión y que el mensaje que se le buscará dar a la sociedad es el de un gobierno que otorgue “respuestas a la población”, con “mucha presencia territorial” y “eficiencia” en el manejo de los recursos.
En este sentido, se destacó el achique de la planta política, que permitirá reasignar más de 32 mil millones de pesos a servicios y prestaciones que debe dar el estado provincial.
Intimación
El Ejecutivo ya envió más de mil cartas documento a empleados estatales sobre los que pesaba algún tipo de irregularidad, teniendo en cuenta lo que en su momento informó este diario, respecto a la existencia de agentes estatales que no cumplían ninguna tarea o que cobraran por cargos que no ejercían.
En paralelo, se inició un proceso administrativo de sumarios y sanciones, además de la decisión de terminar con gastos superfluos, como alquiler de camionetas y utilización de teléfonos celulares.
Todo en el marco de una auditoría que determinó estas irregularidades y otras cuestiones más graves (como el cobro indebido de planes sociales), que originó la intervención de la fiscalía de estado.
