Redacción
Se prevé que sea al menos una semana de audiencias, con 25 testigos aportados por la fiscalía.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien interviene en el proceso junto a la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Ambientales Julieta González, explicó que los hechos fueron cometidos durante un lapso aproximado de dos años. Ocurrieron en el predio ubicado en el kilómetro 2224 de la Ruta 40, propiedad de una empresa propiedad de los dos varones imputados. Según la investigación que desarrolló la fiscalía de Delitos Ambientales, en ese lugar había funcionado una cantera y, mediante un convenio con la Municipalidad, se había autorizado un relleno sanitario con residuos domiciliarios.
A partir de 2014, en las inmediaciones se desarrollaron proyectos de viviendas y se conformó un sector de barrios denominado Cordones del Chapelco, y a partir de malos olores y problemas derivados del vertido de basura, se llegó a una resolución judicial que dispuso el cierre del relleno en 2017. Fue en ese momento, afirmó el fiscal, que “la Municipalidad, en cabeza de la funcionaria acusada, y los acusados, en representación de la empresa, no tuvieron mejor idea que a esa situación, a ese lugar, arrojarle residuos cloacales”. El predio se cerró recién dos años más tarde, con la intervención del Ministerio Público Fiscal.
La teoría que la fiscalía pretende probar durante el juicio es que durante ese tiempo, entre 2017 y 2019, se arrojaron barros provenientes de líquidos cloacales sin tratamiento.
Los hermanos Pedro y Pablo Werefkin, propietarios de la empresa que explotó la cantera y luego operó el predio del relleno sanitario, están acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautores, mientras que a Julieta Muñiz Saavedra, quien fue coordinadora general del Organismo de Control Municipal, se le imputa incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autora; en concurso ideal con el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautora, por comisión por omisión por su posición de garante. Las penas previstas, en caso de ser encontrados responsables, van de 3 a 10 años de prisión.
