El fiscal del caso Adrián de Lillo amplió la acusación contra un varón que lleva 6 meses detenido en prisión preventiva y, con una sola pericia por realizar, solicitó la extensión del plazo para concretarla. Para continuar con la protección de las víctimas, también pidió prorrogar la medida cautelar por 4 meses, por hechos ocurridos en Villa La Angostura.
Judiciales11/08/2023
Redacción
El imputado es C.D.V, a quien originalmente se le formularon cargos el 10 de febrero. En ese momento, De Lillo le atribuyó dos hechos de abuso sexual contra un niño de su entorno cercano y por tres agresiones físicas a quien entonces era su pareja. Todo ocurrió en Villa La Angostura.
“Ahora pedimos la reformulación, porque a partir de las evidencias que hemos colectado, podemos agregar nuevos hechos delictivos y atribuírselos a C.D.V”, sostuvo durante una audiencia realizada ayer el fiscal del caso.
De Lillo detalló que, en una requisa personal realizada al imputado como parte de las medidas adoptadas durante la investigación, se secuestró un celular. Allí, precisó el fiscal, se encontraron “al menos 120 filmaciones con representaciones de menores de 18 años con material sexual explícito”. De Lillo vinculó los videos con los hechos de la primera formulación de cargos, pero también con al menos un nuevo hecho respecto de otra víctima perteneciente a su vínculo cercano.
A partir de la reformulación de cargos, C.D.V fue acusado por:
- Abuso sexual con acceso carnal cometido contra un menor de 13 años edad, en calidad de autor, agravado por vínculo, la guarda y la convivencia previa.
- Abuso sexual simple cometido contra un menor de 13 años de edad en calidad de autor, agravado por vínculo, la guarda y la convivencia previa.
- Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y haber sido cometido contra un menor de 13 años de edad, agravado por vínculo, la guarda y la convivencia previa.
- Producción de representaciones de menores de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitadas, cometidos cometido contra un menor de 13 años de edad.
- Tenencia de representaciones de material sexual explicito cometido contra menores de 18 años
- Lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja y en contexto de violencia de género (3 hechos en concurso real).
Por esas razones y dada la complejidad de las pericias realizadas, el fiscal solicitó extender el plazo de la investigación en un mes y prorrogar la prisión preventiva por 4 meses, en este caso a partir del riesgo de entorpecimiento de la investigación y de la necesidad de proteger a las víctimas.
Tras escuchar a las partes, el juez resolvió fijar ambas prórrogas en 2 meses y, en todo caso, consideró viable revisar la medida cautelar luego de la realización del control de acusación, cuando se resolverá el tribunal que intervendrá en el juicio.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, será juzgada por la apertura y operación de un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
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Los estafadores se hicieron pasar por familiares y lograron llevarse cifras millonarias en efectivo, joyas y monedas de oro.
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