Redacción
El imputado es C.D.V, a quien originalmente se le formularon cargos el 10 de febrero. En ese momento, De Lillo le atribuyó dos hechos de abuso sexual contra un niño de su entorno cercano y por tres agresiones físicas a quien entonces era su pareja. Todo ocurrió en Villa La Angostura.
“Ahora pedimos la reformulación, porque a partir de las evidencias que hemos colectado, podemos agregar nuevos hechos delictivos y atribuírselos a C.D.V”, sostuvo durante una audiencia realizada ayer el fiscal del caso.
De Lillo detalló que, en una requisa personal realizada al imputado como parte de las medidas adoptadas durante la investigación, se secuestró un celular. Allí, precisó el fiscal, se encontraron “al menos 120 filmaciones con representaciones de menores de 18 años con material sexual explícito”. De Lillo vinculó los videos con los hechos de la primera formulación de cargos, pero también con al menos un nuevo hecho respecto de otra víctima perteneciente a su vínculo cercano.
A partir de la reformulación de cargos, C.D.V fue acusado por:
- Abuso sexual con acceso carnal cometido contra un menor de 13 años edad, en calidad de autor, agravado por vínculo, la guarda y la convivencia previa.
- Abuso sexual simple cometido contra un menor de 13 años de edad en calidad de autor, agravado por vínculo, la guarda y la convivencia previa.
- Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y haber sido cometido contra un menor de 13 años de edad, agravado por vínculo, la guarda y la convivencia previa.
- Producción de representaciones de menores de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitadas, cometidos cometido contra un menor de 13 años de edad.
- Tenencia de representaciones de material sexual explicito cometido contra menores de 18 años
- Lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja y en contexto de violencia de género (3 hechos en concurso real).
Por esas razones y dada la complejidad de las pericias realizadas, el fiscal solicitó extender el plazo de la investigación en un mes y prorrogar la prisión preventiva por 4 meses, en este caso a partir del riesgo de entorpecimiento de la investigación y de la necesidad de proteger a las víctimas.
Tras escuchar a las partes, el juez resolvió fijar ambas prórrogas en 2 meses y, en todo caso, consideró viable revisar la medida cautelar luego de la realización del control de acusación, cuando se resolverá el tribunal que intervendrá en el juicio.
