La iniciativa estipula que las personas que deseen aportar información podrán solicitar la reserva de identidad y plantea que tanto funcionarios, empleados públicos y personal de las fuerzas armadas, de seguridad o de los organismos de inteligencia que se encuentren en actividad o en situación de retiro como sus familiares directos no podrán recibir recompensa. 

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad, organismo que tendrá a cargo el ofrecimiento y pago de la recompensa, previa consulta sobre su oportunidad y conveniencia al fiscal actuante en la investigación del hecho. El ofrecimiento de la recompensa deberá disponerse por resolución fundada de la cartera de seguridad. 

En los fundamentos, el legislador explica que el objetivo del proyecto es implementar medidas que incentiven a las personas a contribuir en el esclarecimiento de hechos delictivos o la individualización de sus autores.

“La capacidad de respuesta convencional de los instrumentos legales diseñados para la persecución de tales hechos, en algunas oportunidades, es limitada por el manto de silencio generado por los propios delincuentes con el propósito de asegurar su virtual impunidad”, argumenta.