En sus fundamentos recuerda que las obras sociales deben ofrecer una cobertura del orden del 27,5% sobre la compra de productos alimenticios aptos para personas celíacas, cumplimiento que muchas veces se encuentra obstaculizado por la falta de actualización de precios por parte de las mismas obras sociales, con desfasajes que puede llegar hasta el 30% sobre el valor de la compra de harinas premezclas, como ocurre en algunos casos.

Agrega también que personas celíacas de bajos recursos reciben una ayuda mínima de 10 mil pesos por mes, monto que no es suficiente para cubrir el costo de algunos productos de la canasta básica alimentaria. 

De igual modo, sostiene que la adhesión abarca los incisos contemplados en el decreto 218/23, normativa que garantiza la oferta de menús libres de gluten en restaurantes, kioscos, bares, locales de comida rápida, empresas de transporte aéreo y terrestre, y hasta en comedores de instituciones educativas, residencias o en sitios de convivencia temporal.

El proyecto (16105) ingresó por Mesa de Entradas el 27 de junio con la firma del legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) y de las diputadas Lorena Parrilli, Ayelén Gutiérrez (FdT) y Blanca López (FIT).