Estas cifras equivalen a una mujer asesinada cada 30 horas. Y remarca que el 9% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor, el 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 4% disponía botón antipánico.

Un sector del bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto de comunicación para solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación que trate el proyecto de ley que busca tipificar como delitos las violaciones a las órdenes de protección cautelares de restricción domiciliaria o de no acercamiento a lugar o persona, para ampliar la protección de las víctimas de violencia de género y familiar. Para ello, la iniciativa presentada a nivel nacional, plantea incorporar los artículos 239 bis y ter en el Código Penal. 

También mencionan un informe estadístico publicado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que indica que las comunicaciones recibidas mensualmente durante 2020 en la línea 144 que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género, siempre superaron a las de 2019, a partir de los efectos del ASPO.

“La violencia de género y la violencia familiar no van a erradicarse sin que el estado aborde estas problemáticas de forma sistémica, integral y con el anclaje normativo de los institutos jurídicos específicos capaces de proteger a las víctimas”, sostienen quienes firman la iniciativa. 

El proyecto lleva las firmas de Ayelén Quiroga, César Gass, Luis Aquín y Lucas Castelli.