Redacción NAEl día que el Concejo Deliberante decidió no mirar
Señor Director:
El 6 de agosto de 2026, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes declaró procedente, por unanimidad, la denuncia de juicio político contra el Intendente. Once concejales, sin excepción, reconocieron que los cargos merecían ser tratados. Menos de un mes después, el 3 de septiembre, ese mismo Cuerpo rechazó la denuncia sin abrir siquiera la etapa de investigación que la Ordenanza 10313/2014 y los artículos 137 a 144 de la Carta Orgánica Municipal ordenan transitar. No se produjo prueba, no se examinó un solo documento, no se permitió comparecer a la denunciante. Se archivó sin investigar lo que antes se había admitido por unanimidad.
¿Qué pasó en el medio? No apareció prueba nueva que desmintiera los cargos. Lo que apareció fue otra cosa: un texto anónimo atacando a la denunciante por su origen y su familia, e inventándole intereses al patrocinio letrado; un comunicado sindical convocando a la movilización y calificando de “maliciosa” una denuncia que nadie se había tomado el trabajo de investigar; y discursos de ocasión, con citas políticas añejas, dedicados a descalificar personas en lugar de responder hechos. Y en la propia Sesión Especial, los concejales que debían actuar como jueces imparciales usaron sus intervenciones para atacar personalmente a quienes denunciamos, mientras el trámite nos dejaba afuera: a la denunciante no se le permitió siquiera comparecer. Esa fue la metodología: excluir del procedimiento a una parte para poder descalificarla sin derecho a réplica, y no investigar. Atacaron al mensajero porque no podían con el mensaje.
Los ediles, que tenían motivos de sobra para excusarse (varios votaron las ordenanzas cuya legalidad está en el corazón de la denuncia), no solo no lo hicieron: se erigieron, una vez más, en custodios de la moral y de las normas, descalificando desde sus bancas a ciudadanos que estaban fuera del proceso y sin posibilidad de defenderse. Y la bronca manifestada por el concejal Fernández, con ese tono de amenaza hacia quien se atreve a denunciar, nos hace acordar a épocas oscuras y violentas del pasado que los sanmartinenses no queremos repetir.
Los seis cargos siguen ahí, documentados: el colapso cloacal y la contaminación del Lago Lácar, la deuda millonaria con el EPEN que dejó sin luz al propio Palacio Municipal, el incumplimiento de una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia, las obras en Chapelco sin evaluación de impacto ambiental previa, la obstrucción al trabajo de la Contraloría, los vicios del proceso participativo del ordenamiento territorial. Nada de eso fue refutado. Al punto de que el propio responsable, en su descargo ante el Cuerpo, entre lágrimas, terminó reconociendo la situación denunciada. Con la confesión sobre la mesa, el Concejo eligió absolverlo sin investigar: no fue un acto de justicia, fue un salvataje.
Un detalle pinta el cuadro completo: antes de la votación, el Intendente ya festejaba con su equipo el éxito, no sabemos cuál, y un eventual rechazo. Se festeja anticipadamente lo que ya se sabe resuelto. Difícil encontrar una manifestación más clara de connivencia entre quien debía ser juzgado y quienes debían juzgarlo.
Como denunciante y patrocinio letrado, y sobre todo como vecinos, nuestra opinión es que lo ocurrido tiene un nombre: un pacto corporativo, político y sindical, para blindar al poder de turno frente al control que la propia Carta Orgánica manda ejercer. Un Concejo que admite una denuncia por unanimidad y luego se niega a investigarla no cumple la función juzgadora que la Constitución Provincial y la Constitución Nacional le imponen a todo órgano que ejerce poder público: fundar sus actos, respetar el procedimiento, rendir cuentas. Violar el trámite a la vista de todos no lo vuelve legal; lo vuelve, además, impune.
Y queda algo que ningún archivo exprés puede borrar: negarse a investigar no refuta una sola línea de la denuncia. Al contrario. Si los cargos fueran falsos, la investigación era la oportunidad perfecta para demostrarlo. Eligieron no hacerlo. Los vecinos de San Martín de los Andes sabremos leer ese silencio.
Una aclaración necesaria, y un reconocimiento: no todos los concejales eligieron ese camino. A los ediles que votaron por la continuidad del proceso, por que se investigara y por el respeto a la ley, les expresamos nuestro agradecimiento. Demostraron que se puede ejercer el cargo con independencia, cumpliendo el mandato de la Carta Orgánica aun a contramano de la presión corporativa. Ellos honraron la banca; la historia y los vecinos lo van a recordar.
Queremos cerrar con un agradecimiento. A todo el pueblo que nos apoya, que nos felicita, que nos frena en la calle para darnos una palabra de aliento: gracias. Esa fuerza es la que nos sostiene y la que nos compromete a seguir trabajando para ayudar a San Martín de los Andes a salir del pozo en el que esta corporación política la hundió. Y cerramos con esperanza, porque confiamos en la respuesta de todos los vecinos: la corporación pudo archivar un expediente, pero no puede archivar a un pueblo. Nuestro ordenamiento jurídico lo dice desde su primera piedra: el poder emana del pueblo. El poder lo tiene la gente. Y la gente, tarde o temprano, siempre responde.
Valeria López Oronoz
Denunciante, por derecho propio
Patrocinio letrado: Enrique Bartolomé
Abogado
San Martín de los Andes
