Intendente en jaque: aportan legajos que agravan el juicio político a Carlos Saloniti

La causa que puede terminar con la destitución del intendente de San Martín de los Andes sumó este martes un capítulo cargado de documentación. Valeria López Oronoz, la vecina que a principios de agosto presentó la denuncia de juicio político contra Carlos Javier Darío Saloniti, volvió a presentarse ante el Concejo Deliberante para ampliar los fundamentos de la acusación con más notas, intimaciones y respuestas oficiales.

Once legajos como respaldo

El escrito, patrocinado por el abogado Enrique Bartolomé, acompaña once legajos elaborados por la Contraloría Municipal entre octubre de 2024 y agosto de 2026, además de dos actuaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente local. Según la presentación, esa documentación permite pasar "de la categoría de alegación a la de hecho documentado" uno de los ejes centrales de la denuncia original: que el municipio conducido por Saloniti no responde, o lo hace tarde y de manera incompleta, a los pedidos de información de los órganos de control.

Los casos que se detallan

Entre los episodios reconstruidos con notas, decretos y planillas figuran:

• El convenio con el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, por el cual el municipio autorizó pagos del servicio eléctrico y de gas de dependencias militares por hasta 150 millones de pesos, sin que constara la contraprestación exigida por la Contraloría ni la ratificación del Concejo Deliberante. El propio contralor llegó a advertir que debía aplicar una sanción disciplinaria al intendente por la falta de respuestas.
• La pavimentación de la calle Los Pinos, una obra de casi 195 millones de pesos que, según los ensayos de laboratorio incorporados, se realizó con hormigón muy por debajo de la resistencia contratada, sin estudios de suelo ni libro de obra, lo que motivó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas provincial.
• Una cuenta de Mercado Pago a nombre del municipio, con una transferencia de casi 79 millones de pesos, cuya existencia la propia Secretaría de Economía y Hacienda no lograba identificar en sus registros contables; el caso derivó en una denuncia penal.
• Pagos por subrogancia a un representante gremial en la comisión paritaria (C.I.A.P.) que, de acuerdo con la Contraloría, no habría asistido a ninguna reunión en casi dos años pese a haber cobrado más de 26 millones de pesos por ese concepto.
• Un predio conocido como "Planta Pavimento", usado por el municipio para construir viviendas sociales pese a pertenecer, según los registros de la propiedad, a YPF S.A.
• La deuda con el EPEN, que según admitió la propia Secretaría de Economía y Hacienda pasó de cero a casi 676 millones de pesos en dos años, sin que existiera un área específica de control de los medidores ni se informara la situación al Concejo.
• El retiro de cámaras de seguridad del Club de Día de la Sede Vecinal Del Molino, tras una denuncia por sustracciones, que terminó en la suspensión de actividades para adultos mayores.

Un planteo institucional adicional

La presentación incorpora, además, un capítulo separado de los cargos de la denuncia: señala que, según una recomendación de la Defensoría del Pueblo, la presidenta del Concejo Deliberante habría ejercido de forma simultánea esa función y la conducción del Departamento Ejecutivo —por sustitución del intendente— en distintas sesiones, incluida la del 6 de agosto pasado, cuando el Cuerpo resolvió abrir el proceso de juicio político. La denunciante aclara que no formula ninguna recusación por el momento, sino que pide que se incorporen actas, decretos y registros de votación para esclarecer lo ocurrido.

Qué pide la denunciante

En su petitorio, López Oronoz solicita que se tengan por ampliados los fundamentos del quinto cargo y por reforzados el segundo y el tercero, que se agreguen las constancias institucionales mencionadas, que se libren oficios a la Contraloría, al Departamento Ejecutivo, al Tribunal de Cuentas, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría del Pueblo, y que el expediente sea remitido a las Salas Investigadora y Juzgadora que deben resolver la suerte política del intendente.

El Concejo Deliberante deberá ahora expedirse sobre la incorporación de esta prueba, en un proceso que, según remarca la propia presentación, no suspende ni consume los plazos previstos por la ordenanza que regula el juicio político.

Nota completa presentada en el Concejo Deliberante

Documentación respaldatoria: