Redacción NAEl 18 de agosto de 2026, el escenario político e institucional de San Martín de los Andes sumó un nuevo capítulo judicial. Jorge Fabián Sepúlveda, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés Cury, se presentó ante la Unidad Fiscal de la IV Circunscripción para radicar una denuncia formal contra el jefe comunal y cualquier otro funcionario que resulte responsable.
La presentación apunta a la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tanto en su modalidad omisiva como comisiva. Asimismo, solicita que en el curso de la investigación se determine si los hechos configuran también malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal) y peculado de trabajos y servicios (art. 261).
El núcleo del conflicto reside en el abono de facturas de energía eléctrica a favor de terceros utilizando recursos del Estado municipal. Según consta en el escrito, la acusación se fundamenta de manera exclusiva en un documento oficial: la Nota de Contraloría N° 2022/2026, (detallada al pie de esta nota) fechada el 30 de julio de este año. Dicho informe técnico auditó 136 suministros registrados a nombre de la Municipalidad ante el EPEN y catalogó numerosos consumos como "extraños". Entre ellos, el órgano de control identificó viviendas particulares, un taller comercial, dependencias provinciales y un inmueble céntrico que no pertenece al patrimonio del municipio, concluyendo que existe una "evidencia de control y administración deficiente".
El texto de la denuncia es categórico al aclarar que el reproche legal no se dirige hacia las personas, como los ocupantes de las viviendas de Los Ñires 257. Se subraya que, si bien el Estado puede decidir asistir legítimamente a vecinos en situación de vulnerabilidad, la ilegalidad denunciada radica estrictamente en el procedimiento: efectuar desembolsos con fondos públicos "sin ordenanza, sin acto administrativo y sin control", contraviniendo la Carta Orgánica y la Ordenanza N° 7158/2006. Además, se le imputa al Ejecutivo la falta de adopción de medidas frente a las advertencias formales previas del órgano de control, un reclamo que ya contaba con un expediente en trámite desde 2023.
Ese mismo martes, Sepúlveda ingresó una nota formal dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, adjuntando la copia de la denuncia con su respectivo sello de recepción. El objetivo fue poner en conocimiento del cuerpo legislativo la judicialización de los hechos, dejando en claro en el documento que esta acción no es una derivación ni una reedición del pedido de juicio político rechazado por los ediles el pasado 5 de agosto, sino un requerimiento penal con un objeto y fundamento distintos.
Ahora, el legajo queda en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá producir las pruebas necesarias para determinar si el dictado y mantenimiento de estos decretos de pago constituyen delitos en el manejo del erario.
