El Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa iniciada por comunidades mapuches tras el desalojo ocurrido en julio.
Judiciales11/09/2025
Redacción NA
El fiscal Manuel Islas resolvió desestimar la denuncia presentada por representantes de comunidades originarias contra los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, quienes habían ordenado el desalojo de manifestantes en Casa de Gobierno el pasado julio. La medida fue considerada legal y ajustada a derecho, por lo que se archivó la causa por no constituir delito.
Según el dictamen, los funcionarios actuaron en el marco de una investigación por coacción iniciada tras una denuncia de la Fiscalía de Estado. El procedimiento se llevó a cabo en un espacio público y no requirió intervención judicial, ya que no se afectaron garantías constitucionales. Se ordenó identificar e intimar a los ocupantes para que se retiraran en un plazo de dos horas, y ante la negativa, se procedió con el uso progresivo de la fuerza pública.
La denuncia también cuestionaba el accionar de la Policía provincial por presunto uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, Islas afirmó que, tras revisar videos, informes médicos y fotografías, el personal actuó de manera proporcional y dentro del marco legal. Incluso se registraron lesiones en algunos oficiales durante el operativo.
El conflicto se originó el 15 de julio, cuando un grupo de personas se encadenó en el ingreso de Casa de Gobierno para exigir el reconocimiento jurídico de sus comunidades. Con el correr de los días, la ocupación se intensificó, afectando el funcionamiento del edificio y motivando la intervención del MPF.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, será juzgada por la apertura y operación de un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
El asistente legal Federico Surá presentó cargos contra nueve individuos acusados de formar parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes. Uno de los miembros del grupo operaba desde una comisaría, donde se encuentra bajo arresto.
Durante la sesión ordinaria Nº 31, el Concejo Deliberante otorgó su aprobación al proyecto que declara de Interés Municipal este importante encuentro cultural. Este evento, con más de dos décadas de trayectoria, reúne a maestros, bailarines, aficionados y artistas provenientes de diversas regiones del país y del exterior.
Una joven jinete sanmartinense compite por un reconocimiento provincial tras una temporada deportiva marcada por crecimiento, constancia y triunfos destacados.
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El gobernador Rolando Figueroa se reunió ayer con el ministro Luis Caputo. Durante el encuentro, presentó una nota solicitando que las inversiones relacionadas con el upstream sean incluidas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
La Secretaría de Economía y Hacienda informa que, entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de este año, el Municipio de San Martín de los Andes transfirió a la empresa de transporte urbano de pasajeros $ 1.850.000.000, con recursos propios, para garantizar el transporte urbano de pasajeros y para el cumplimiento de la Ordenanza que establece la gratuidad del boleto estudiantil.
