Redacción NA
El fiscal Manuel Islas resolvió desestimar la denuncia presentada por representantes de comunidades originarias contra los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, quienes habían ordenado el desalojo de manifestantes en Casa de Gobierno el pasado julio. La medida fue considerada legal y ajustada a derecho, por lo que se archivó la causa por no constituir delito.
Según el dictamen, los funcionarios actuaron en el marco de una investigación por coacción iniciada tras una denuncia de la Fiscalía de Estado. El procedimiento se llevó a cabo en un espacio público y no requirió intervención judicial, ya que no se afectaron garantías constitucionales. Se ordenó identificar e intimar a los ocupantes para que se retiraran en un plazo de dos horas, y ante la negativa, se procedió con el uso progresivo de la fuerza pública.
La denuncia también cuestionaba el accionar de la Policía provincial por presunto uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, Islas afirmó que, tras revisar videos, informes médicos y fotografías, el personal actuó de manera proporcional y dentro del marco legal. Incluso se registraron lesiones en algunos oficiales durante el operativo.
El conflicto se originó el 15 de julio, cuando un grupo de personas se encadenó en el ingreso de Casa de Gobierno para exigir el reconocimiento jurídico de sus comunidades. Con el correr de los días, la ocupación se intensificó, afectando el funcionamiento del edificio y motivando la intervención del MPF.
