Un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa pública y autoridades sanitarias definió un tratamiento integral para garantizar su contención.
Judiciales09/09/2025
Redacción NADurante una audiencia celebrada el viernes pasado, el juez de garantías Ignacio Pombo resolvió que un hombre acusado por lesiones, amenazas y daño en cinco legajos del Ministerio Público Fiscal sea declarado inimputable, al no poder comprender sus actos ni dirigir sus acciones. La medida fue avalada por el fiscal jefe Gastón Ávila y se acordó implementar un dispositivo de salud mental que cubra sus necesidades básicas y asegure un tratamiento médico y psicosocial adecuado.
El plan deberá contemplar alimentación, higiene, vestimenta, administración de medicación, prevención del consumo de sustancias tóxicas y alejamiento de la situación de calle. Además, se estableció un plazo de 15 días hábiles para que autoridades provinciales y municipales —incluyendo al jefe de Gabinete, ministros de Salud y Seguridad, el intendente local, la Zona Sanitaria de Los Lagos y el hospital Ramón Carrillo— presenten el programa específico que se aplicará.
Hasta que ese dispositivo esté diseñado, el hombre continuará internado bajo custodia en el hospital Ramón Carrillo. La próxima audiencia de control fue fijada para el 30 de septiembre, con participación de los funcionarios designados. El seguimiento de la medida quedará a cargo del juez de Ejecución Penal, en coordinación con el defensor público civil y el juez civil que ya intervienen en el caso.
Un hombre fue hallado culpable por agredir íntimamente a la mujer con quien comparte un hijo, según lo dictaminado por el tribunal local. El fallo se enmarca en una causa que expone la violencia intrafamiliar y reafirma el compromiso judicial con la protección de las víctimas.
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La iniciativa impulsada por el Ministerio Público Fiscal y el gobierno provincial permitirá que miles de personas reciban en sus facturas un código digital para realizar denuncias anónimas sobre venta de estupefacientes. Empresas estatales y organismos se suman a la campaña.
La jueza Raquel Gass resolvió permitirle una salida de 12 horas cada dos meses, bajo estrictas condiciones. El condenado cumple una pena de ocho años por tentativa de homicidio agravado.
Una trabajadora municipal fue víctima de hostigamiento, desplazamiento arbitrario y maltrato por parte de sus superiores. La Justicia responsabilizó al Estado local y ordenó una indemnización.
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