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El contralor municipal, abogado Jorge Fernández, detalló las actuaciones y denuncias realizadas entre enero de 2024 y enero de 2025. El informe expone graves falencias en distintas áreas del municipio, desde la gestión de residuos hasta el uso indebido de vehículos oficiales.
Actualidad17/02/2025La Contraloría Municipal de San Martín de los Andes, a cargo del abogado Jorge Fernández, presentó un extenso informe en el que se detallan las inspecciones, auditorías y denuncias realizadas entre enero de 2024 y enero de 2025. El documento abarca diversas áreas de la gestión municipal, señalando problemas de organización, manejo irregular de fondos, condiciones edilicias deficientes y presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones.
Uno de los puntos más relevantes del informe es la situación de la planta de separación de residuos SIRVE. La Contraloría detectó irregularidades en su funcionamiento, lo que llevó a la presentación de una denuncia penal contra un funcionario responsable del área.
Como medida correctiva, se contrataron dos ingenieras para el replanteo del proyecto, con el objetivo de hacer la planta más eficiente y rentable. Además, se realizaron visitas a plantas de reciclado en Villa La Angostura y Aluminé, así como reuniones con autoridades de San Rafael, Mendoza.
El informe también sugiere que el servicio de recolección de residuos urbanos debería ser intervenido y puesto bajo la dirección de personal técnico idóneo. Además, se recomienda la instalación urgente de iluminación y cámaras de seguridad en la planta.
La Contraloría inspeccionó los comedores comunitarios y detectó falta de organización en la planificación de menús, control de stock de mercadería y procesos administrativos deficientes. En una reciente reunión con el nuevo secretario del área, se acordó un plan de mejoras para optimizar el funcionamiento del sistema.
Respecto a las viviendas institucionales del municipio, se solicitó un informe detallado al secretario de Gobierno. Sin embargo, la respuesta recibida fue parcial, por lo que la Contraloría continúa investigando posibles irregularidades en su administración.
El informe también revela diversas falencias en la terminal de ómnibus de la ciudad. Se detectaron locales comerciales deteriorados, falta de pago de alquileres, cobros irregulares por el uso del estacionamiento de micros y escasas inspecciones a taxis y remises. Además, el estado edilicio es preocupante, con baños en mal estado y problemas estructurales.
Para abordar estos problemas, la Contraloría recomendó la intervención de la Secretaría Municipal de Turismo para mejorar el funcionamiento de la terminal.
Otra de las irregularidades señaladas es el uso indebido de vehículos municipales fuera del horario laboral. Se recibieron múltiples denuncias al respecto, y la Contraloría reiteró al Ejecutivo municipal la necesidad de implementar un sistema de rastreo satelital para controlar la flota oficial.
Además, se detectó una licitación por $519 millones para el alquiler de maquinaria vial con presuntas irregularidades. La Contraloría solicitó que el proceso sea dejado sin efecto y pidió al Ejecutivo un informe sobre la viabilidad económica de alquilar en lugar de comprar dicha maquinaria.
El informe también incluye otras investigaciones en curso y denuncias elevadas a las autoridades:
El contralor Jorge Fernández presentó el informe completo al Concejo Deliberante y lo puso a disposición de la comunidad, detallando las acciones realizadas y las irregularidades detectadas en diversas áreas del municipio.
El documento cierra con una serie de recomendaciones para mejorar la gestión municipal, incluyendo la necesidad de mayor transparencia en la administración de fondos, el refuerzo de controles en servicios clave y la urgencia de implementar medidas correctivas en las áreas con mayores deficiencias.
Se espera que en los próximos meses el Ejecutivo municipal responda a estas observaciones y tome medidas concretas para corregir las irregularidades detectadas. Mientras tanto, la Contraloría continuará con sus investigaciones y auditorías para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales.
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