La acusación la efectuó el martes, durante una audiencia en Junín de los Andes, en la que la representante del Ministerio Público Fiscal requirió la imposición de medidas de protección para la víctima: que se le prohíba al acusado realizar cualquier acto de perturbación o violencia hacia ella, además de impedirle tener cualquier tipo de contacto por cualquier medio, junto con la prohibición de ingresar a una ciudad de Río Negro hacia la que la víctima se mudó.

La asistente letrada planteó que las medidas son necesarias “para mitigar el riesgo hacia la integridad de la víctima, y de entorpecimiento de la investigación”. Las requirió por un plazo de cuatro meses.  

Al imputó, A. E. C, le atribuyó el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y daño, en carácter de autor.

De acuerdo a la información provisoria que recolectó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el 18 de mayo de 2024, alrededor de las 13. Tras una discusión en la vivienda donde ambos convivían, el acusado atacó a la víctima con  golpes de puño, le rompió un teléfono celular y la amenazó.  Luego, la mujer logró  salir del inmueble y  pidió ayuda a un familiar.

Entre la prueba recolectada hasta el momento, Maggiora mencionó la denuncia de la víctima y las certificaciones médicas de las lesiones que sufrió la mujer. También describió actuaciones en otros ámbitos judiciales, que revelan el contexto de violencia de género que signaba la relación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y las medidas de protección que requirió la asistente letrada.

El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.