Por solicitud de la asistente letrada Gabriela Pellico, una jueza de garantías decidió prolongar por dos meses tanto la investigación como las medidas de coerción aplicadas a cuatro individuos acusados de tentativa de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad
Judiciales18/11/2025
Redacción NA
La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó que aún falta realizar una pericia de ADN y la apertura de teléfonos secuestrados, en un contexto en el que persisten los riesgos procesales que justifican mantener las restricciones.
El caso se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol dentro de una vivienda de San Martín de los Andes. De acuerdo con lo informado oportunamente, se trata del principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre un riesgo grave, razón por la cual la fiscalía ha insistido en medidas estrictas para asegurar su protección y el desarrollo del proceso.
Por el hecho están imputados tres varones: M.Z., S.A.C. y J.A.L., quienes continúan detenidos en domicilios de la localidad cordillerana y de la ciudad de Neuquén; además de C.I.V., cuya situación cautelar es distinta debido a un incumplimiento registrado el 14 de noviembre. Ese día la imputada —que cumplía prisión domiciliaria con tobillera— fue detectada dos veces fuera del perímetro, por lo que Pellico solicitó que volviera a cumplir prisión preventiva. El juez Ignacio Pombo coincidió con la representante de la fiscalía, por lo que C.I.V quedó detenida en la Comisaría 52 de Centenario. En ese caso, aún se debe revisar la medida, tal como solicitó la defensa de la imputada.
En la audiencia de hoy, La jueza Laura Barbé hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía y resolvió prorrogar el plazo de investigación hasta el 22 de enero de 2026, además de extender las medidas cautelares hasta esa misma fecha. En el caso de C.I.V., la modalidad de cumplimiento permanecerá sujeta al resultado de la audiencia de revisión solicitada por su defensa.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, será juzgada por la apertura y operación de un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
El asistente legal Federico Surá presentó cargos contra nueve individuos acusados de formar parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes. Uno de los miembros del grupo operaba desde una comisaría, donde se encuentra bajo arresto.
Retrasos en incorporaciones, infraestructura deteriorada y carencia de equipamiento crítico exponen una complicada situación en el servicio de guardavidas, mientras playas clave operan con mínima cobertura.
Una joven jinete sanmartinense compite por un reconocimiento provincial tras una temporada deportiva marcada por crecimiento, constancia y triunfos destacados.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
El gobernador Rolando Figueroa se reunió ayer con el ministro Luis Caputo. Durante el encuentro, presentó una nota solicitando que las inversiones relacionadas con el upstream sean incluidas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
La Secretaría de Economía y Hacienda informa que, entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de este año, el Municipio de San Martín de los Andes transfirió a la empresa de transporte urbano de pasajeros $ 1.850.000.000, con recursos propios, para garantizar el transporte urbano de pasajeros y para el cumplimiento de la Ordenanza que establece la gratuidad del boleto estudiantil.
