En el marco de la presentación anual que la Defensoría del Pueblo y del Ambiente (DPA) realizó ante el Concejo Deliberante el pasado martes, el defensor Fernando Bravo hizo especial hincapié en la “excesiva laxitud en los tiempos de respuesta” por parte del Estado ante diversos planteos de vecinos y vecinas", el cual “no contesta o elige el momento de responder a su antojo, muy lejos de los tiempos de los ciudadanos”.

A raíz de esto, la DPA acompañó su exposición con la presentación de un proyecto de ordenanza “que consagra la difusión de los instrumentos específicos” buscando que los vecinos y vecinas conozcan sus derechos “más allá de los mínimos y obligados mecanismos de publicidad exigibles a los actos del Estado”, considerando que “la falta de pronunciamiento afecta al derecho a peticionar ante las autoridades, mientras que en el específico caso del requerimiento de acceso a la información pública, el silencio colisiona contra el principio republicano de transparencia y publicidad”. 

En diálogo con Radio Fun, Bravo detalló: “Queremos que la gente sepa cuáles son sus derechos si la Municipalidad no responde sus requerimientos en los tiempos que fija el procedimiento administrativo”. En caso de aprobarse, la Ordenanza obligará al Ejecutivo “a exponer cartelería en todas las oficinas que sean Mesa de Entrada para presentaciones de vecinos” en la que se deberá informar los tiempos que fija cada procedimiento administrativo.

“Si no hay respuesta, si no se entrega el pedido de información o no se explicita por qué no se entrega, existen una serie de remedios administrativos para emplazar a la administración a que informe lo que se requiere”, completó el Defensor: “Las opciones van desde refutar ese silencio de la administración municipal como denegatoria tácita de lo que se le pide, y a partir de ahí se puede hacer un pronto despacho y eventualmente un amparo por mora, o esperar un pronunciamiento extemporáneo, o presentar un recurso administrativo”.

Tal como afirmó Bravo, se trata de un “procedimiento humana y administrativamente correcto”, surgido a raíz de “decenas de reclamos sin respuesta” de los que la Defensoría del Pueblo y el Ambiente ha tomado conocimiento. “Por eso presentamos este proyecto de Ordenanza", finalizó: "Lo habíamos anticipado también el año pasado y habíamos planteado a los Concejales la intención de convertir el requerimiento en norma, pero lo cierto es que no se produjo nada y este año decidimos armarlo y presentarlo nosotros a través de la Defensoría”.