Redacción
En la sesión ordinaria N° 6 del Concejo Deliberante, Fernando Bravo, Defensor del Pueblo y del Ambiente, realizó la presentación anual de lo actuado por el organismo durante el 2022.
Contenido en la Constitución Nacional, Provincial y la carta orgánica municipal, en dónde se prevé que las autoridades administrativas deben dar una “respuesta fundada” al peticionante, aún cuando no es obligación del Estado ofrecer una respuesta satisfactoria respecto de las expectativas de aquel que reclama; lo que no puede es dejar de responder, conforme un debido proceso o procedimiento administrativo.
A continuación el Defensor del Pueblo señaló que existe un esquivo mecanismo, el del “silencio administrativo”, que le permite al administrador –al menos a primera vista- “zafar” de su deber, y que ésta no es producto del desborde. La mayoría de las veces es el efecto de la inercia de viejas y cómodas prácticas instaladas, que a la vez ponen en evidencia cierta desorganización del aparato administrativo.
Finalmente indicó: La Defensoría del Pueblo y del Ambiente quiere hacer desde aquí una fuerte recomendación a la administración municipal, sobre el cumplimiento de los plazos y procedimientos a los efectos de las respuestas debidas al vecino…proponemos a este cuerpo legislativo que, por Ordenanza, se obligue a incluir en todo trámite municipal iniciado por una petición del administrado, ya sea por vía digital o en soporte papel, una leyenda que, contenga los derechos aludidos y su forma de continuidad o materialización si hubiere incumplimiento, agregando referencia clara a la ordenanza respectiva que los discipline.
Para concluir se exhibió un detalle estadístico de las denuncias, reclamos y actuaciones efectuadas por los vecinos y la defensoría, respectivamente, que se comparte a continuación.
