Enjuiciarán a un oficial por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público, en tanto que otros siete efectivos están imputados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
Judiciales14/04/2022
Redacción NA
Luego de 15 años y mucha lucha por parte del gremio docente ATEN, un tribunal neuquino ratificó nuevamente la habilitación de la etapa de juicio para el caso Fuentealba II. Esta es la segunda etapa judicial, luego de la represión policial de abril del 2007 en la que fuera asesinado el docente Carlos Fuentealba.
Este miércoles 13 de abril, 15 años más tarde, un Tribunal de Impugnación declaró inadmisibles y rechazó distintos planteos realizados por las defensas de efectivos policiales acusados por su intervención en el operativo en el que se produjo el homicidio del docente Carlos Fuentealba. De este modo, se ratificó la decisión de pasar a instancia de juicio, con la acusación a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y de la querella, representada por los abogados particulares Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano.
Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2007, en el contexto de una manifestación de docentes en cercanías de la Arroyito y en la que, durante el operativo montado por la Policía provincial, el entonces cabo Darío Poblete disparó y mató a Carlos Fuentealba. Por ese hecho, el policía fue acusado y condenado a prisión perpetua, por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.
En otra causa que avanzó en paralelo, el Ministerio Público Fiscal investigó oportunamente las responsabilidades de otros efectivos y jefes policiales respecto del desarrollo del operativo. En 2009, el fiscal que llevaba la causa, Alfredo Velasco Copello, pidió el sobreseimiento de todos los acusados salvo de uno, Benito Ariel Matus, a quien imputó por dos hechos. El juicio nunca se concretó y por extinción de la acción penal, todos los acusados fueron sobreseídos.
Finalmente, en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó retomar la investigación y con la causa adecuada al nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 14 de enero de 2014, fijó las pautas para hacerlo. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal venía limitado su accionar al único acusado oportunamente, pero no así la querella particular.
Fue así que el 25 de noviembre de 2021, en una decisión que fue ratificada hoy y luego de varias jornadas de audiencia, el juez de garantías Lucas Yancarelli habilitó la etapa de juicio contra Matus por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público. En el caso de los efectivos Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo, fueron imputados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.
El tribunal dictó condenas por estafas con planes sociales entre 2020 y 2022, destacando penas de 5 años de prisión efectiva para Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, será juzgada por la apertura y operación de un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023.
En un juicio de cesura realizado ayer, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para D.A.C, un varón declarado responsable por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024, en la ciudad de San Martín de los Andes.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó, durante la audiencia de cesura realizada ante un tribunal colegiado, que se imponga a Beatriz Esther Cayún una pena de 9 años de prisión, luego de haber sido declarada penalmente responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de un joven que era su pareja, en febrero de 2024.
En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
El asistente legal Federico Surá presentó cargos contra nueve individuos acusados de formar parte de una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes. Uno de los miembros del grupo operaba desde una comisaría, donde se encuentra bajo arresto.
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